El Gobierno federal presentó recientemente una iniciativa de Ley de Economía Digital, con la que se busca impulsar el uso de medios de pago electrónicos y reducir gradualmente la utilización de efectivo en México.
Uno de los principales ejes de la propuesta será facilitar que las personas puedan cobrar y pagar directamente mediante el teléfono celular, aprovechando infraestructura que ya existe, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el esquema de Cobro Digital (CoDi).
De acuerdo con el abogado fiscalista Mario Herrera, entre los objetivos de esta legislación estarían fortalecer la vigilancia de las operaciones financieras, prevenir el lavado de dinero y dificultar que empresas o personas oculten ingresos y egresos.
“Lo cierto es que sería una labor titánica; hay muchas personas que al día de hoy, por mucho que estemos en el 2026, hay muchas personas que no tienen acceso inmediato a una banca, entonces esto tiene que cuidarse muchísimo para poder distinguir qué personas van a estar como sujetos obligados y qué tipo de operaciones”.
Explicó que el propósito central de la propuesta no sería necesariamente aumentar la recaudación de impuestos, sino fortalecer las facultades de fiscalización para que las autoridades puedan conocer con mayor detalle cómo ingresan y cómo se gastan los recursos.
La iniciativa contempla avanzar en la bancarización y formalización de actividades económicas; sin embargo, el especialista consideró que estos objetivos enfrentan obstáculos tanto culturales como de infraestructura.
En ese sentido, estimó que será complicado que la medida pueda concretarse en su totalidad durante lo que resta de 2026 y que algunos de sus componentes podrían comenzar a implementarse de manera escalonada durante los próximos años.
Uno de los principales desafíos, consideró, será atender primero el problema de la informalidad económica. Herrera señaló que más del 60 por ciento de la economía del país se encuentra en este estatus, por lo que ampliar la fiscalización sobre quienes ya están registrados ante el SAT no necesariamente resolvería el problema de fondo.
“Sin duda, yo creo que uno de los grandes errores del Poder Legislativo es tratar de seguir exprimiendo a los contribuyentes que ya estamos dentro del Registro Federal de Contribuyentes, en vez de salir justamente por toda esta economía informal”, afirmó.
De esta manera, la transición hacia una economía con mayor presencia de pagos digitales implicaría no solamente incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino también ampliar el acceso a los servicios financieros y generar condiciones para que más actividades económicas puedan incorporarse a la formalidad.
Foto ilustrativa generada con IA