La reciente reforma a la Ley Aduanera incrementará significativamente las cargas operativas, fiscales y legales para los agentes, importadores y exportadores, sin atender de fondo los problemas estructurales que aquejan al sistema aduanero nacional, como el contrabando y la corrupción interna, señaló Marco Sansores.
“La ley en su conjunto no está pensada para agilizar el comercio ni para combatir el contrabando, como se ha dicho. Lo que realmente plantea es un endurecimiento de los controles y un incremento desproporcionado en las multas, que podrían elevarse hasta en un 300% o 400%, afectando gravemente a las pequeñas y medianas empresas”, dijo en entrevista para XEU.
Sansores, explicó que las multas que anteriormente se establecían en un rango de hasta el 70% del valor de la mercancía, ahora podrían llegar al 300% o más, además del decomiso de la carga, lo que “pone en riesgo la viabilidad económica de muchos negocios”, especialmente de las PYMES, que conforman el grueso del comercio exterior en México.
A esto se suma la imposición de nuevas inspecciones obligatorias a mercancías consideradas de difícil identificación —como productos químicos, textiles o acero—, lo que podría ralentizar aún más el despacho aduanero.
“Estas mercancías requieren análisis técnicos o de laboratorio para confirmar su composición, lo cual implica retrasos de hasta 15 días o más”, advirtió.
Mayor responsabilidad para agentes aduanales
Otro aspecto controversial de la reforma es la ampliación de las responsabilidades legales de los agentes aduanales, quienes ahora serán corresponsables no sólo de la documentación, sino también de verificar que las empresas importadoras o exportadoras cuenten con la infraestructura y capacidades necesarias para justificar sus operaciones.
“Yo como agente aduanal tengo que comprobar que la mercancía llegue a la planta, que se confeccione lo que se dice, que haya maquinaria y capacidad instalada. Pero nosotros no creamos esas empresas, no otorgamos los registros fiscales, ni los padrones de importadores. Nos están pidiendo asumir una responsabilidad que debería corresponder a otras instancias del Estado”, expresó.
Sansores señaló que estas nuevas obligaciones implicarán costos adicionales de verificación, traslados y auditorías que tendrán que ser absorbidos por los usuarios finales, encareciendo inevitablemente los productos.
Cambios en la patente aduanal y la evaluación profesional
La reforma también modifica el régimen de la patente aduanal, extendiendo su vigencia a 20 años con posibilidad de renovación por un periodo similar. Además, se sustituye el examen periódico por un esquema de certificación cada tres años, cuya implementación aún no está claramente definida.
“Si bien este cambio puede ser positivo, aún no se especifica cómo será esa certificación. Esperamos que no se convierta en un obstáculo adicional, como ocurrió en la última convocatoria, donde de mil aspirantes, sólo 52 completaron el proceso”, comentó Sansores.
¿Y el combate al contrabando?
Uno de los objetivos anunciados por el gobierno federal al impulsar esta reforma fue el combate frontal al contrabando y al llamado “huachicol fiscal”.
Sin embargo, asegura que la nueva ley no establece mecanismos efectivos ni penalizaciones claras para funcionarios corruptos o estructuras institucionales involucradas en estas prácticas ilícitas.
