Esta semana comenzó la demolición de algunos locales ubicados sobre la avenida Landero y Coss, en la zona del malecón de Veracruz, como parte del proyecto de rehabilitación que impulsa el gobierno federal para la Plaza Heroismo Veracruzano, pero sólo demolerán 10 de un total de 18, para el resto falta un permiso de la Semarnat, acusa Ángel Hernández Ramos, presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Malecón.
Ángel Hernández Ramos aseguró que varios de los 8 locales que permanecen en operación cuentan con su documentación en regla y tienen el respaldo jurídico para seguir en funciones, pero los que son demolidos es porque no estaban en regla o tenían adeudos ya aceptaron ser reubicados.
“Nosotros no estamos ahí por capricho. Tenemos una concesión vigente otorgada por Semarnat y no hemos recibido ningún oficio que nos obligue a movernos. La autoridad competente no se ha pronunciado al respecto”, declaró Hernández en entrevista con XEU, a la vez que negó que hayan interpuesto algún amparo para frenar la demolición de 8 locales.
Según el líder de los artesanos, de los 18 locales que aún quedaban en pie hasta hace unas semanas, 10 serán demolidos por decisión individual de sus concesionarios, mientras que los ocho restantes continúan operando de forma regular. Hernández explicó que muchos de los comerciantes que aceptaron reubicarse en los nuevos módulos sobre la avenida Insurgentes Veracruzanos se encontraban en condición irregular, sin la documentación completa o con adeudos ante la Federación.
Hernández también denunció presiones por parte de autoridades, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ha impuesto multas de hasta 80 mil pesos a algunos comerciantes bajo señalamientos ambientales, los cuales, asegura, se utilizaron como mecanismo de presión.
“Nos han acusado de no coadyuvar al medio ambiente, cuando llevamos años promoviendo campañas de reforestación. Pero aceptar las multas implicaría reconocer una falta que no cometimos, por lo que ya estamos considerando emprender acciones legales”, advirtió.
El presidente de los artesanos aseguró que, a diferencia del proceso de reubicación en Insurgentes Veracruzanos —donde Semarnat emitió previamente una autorización para modificar las coordenadas de las concesiones—, en el caso de Landero y Coss no se ha recibido ninguna resolución oficial que permita alterar la estructura ni reubicar a los comerciantes que están en regla.
“Tenemos la obligación de notificar a Semarnat lo que sucede en ese espacio, porque si no lo hacemos, podríamos ser considerados cómplices de una demolición no autorizada de un inmueble federal. Es un riesgo jurídico grave”, concluyó.
El conflicto pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación entre instancias federales y locales, así como una comunicación clara con los comerciantes afectados. Mientras tanto, los ocho locales restantes continúan operando en medio de incertidumbre jurídica y con medidas improvisadas para enfrentar las condiciones climáticas tras las demoliciones parciales.
Admite que los locales están operando con dificultades y proyectan una imagen triste por una sombra improvisada, pero esperan que su permanencia continuará porque cuentan con la documentación en regla.
