Genera polémica el caso de una niña de 12 años fue trasladada de un hospital de Múzquiz, Coahuila, a la ciudad de Monterrey, de donde es originaria, luego de presentar fuertes dolores abdominales; al ser valorada por personal médico, se descubrió que tenía un embarazo de aproximadamente ocho meses, situación que ya es investigada por las autoridades.
El caso generó la intervención de las instancias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y establecer si la menor, que vive con su madre, fue víctima de algún otro delito más.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las autoridades investigan también la identidad del padre del bebé. Entre las líneas de investigación se contempla que podría tratarse de otro menor de edad, presuntamente menor de 12 años, cercano a la niña.
No se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la identidad de la niña, su estado de salud o el lugar específico donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de proteger los datos personales de la menor.
Pero el caso ya es analizado por las autoridades, así como por las instancias encargadas de determinar si existió alguna conducta delictiva y las condiciones en las que se produjo el embarazo.
El embarazo en niñas y adolescentes es considerado un problema de salud pública y de protección de derechos, particularmente cuando se trata de menores de 15 años, debido a los riesgos médicos y sociales asociados.
Las autoridades mantienen bajo reserva la información que pueda permitir identificar a la menor mientras continúan las investigaciones en Coahuila.
En México, mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años constituye el delito de violación equiparada o violación agravada (según el código penal de cada estado o la legislación federal), ya que la ley establece que una persona menor de 12 o 14 años no tiene la capacidad jurídica ni biológica para otorgar un consentimiento válido.
En México, los niños y niñas menores de 12 años son considerados inimputables ante la ley penal ordinaria y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que aplica de los 12 años en adelante. Esto significa que no se les puede procesar, juzgar ni encarcelar en un tribunal penal.
Aunque el otro menor de 12 años no reciba una sanción penal, el hecho sigue tipificándose legalmente como un delito de carácter sexual. La intervención del Estado a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las fiscalías se enfoca en brindar atención psicológica, médica y social a ambos menores involucrados y evaluar su entorno familiar, ya que la ley considera que a esa edad cualquier acto de esta naturaleza refleja una vulneración grave o una situación de violencia de la que también pueden ser víctimas o requerir guía urgente.
