Como economista siempre he dicho que todo lo que no tiene números es pura demagogia, durante décadas de campaña (casi 20 años) López Obrador prometió que México crecería al 5%, sin embargo, prácticamente ha terminado su sexenio y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estima que nuestra economía crecerá sólo 1.1%. ¿Qué nos impide crecer? ¿Por qué las expectativas siguen bajando? ¿Cómo aprovechar nuestro enorme potencial económico?
Primero hay que reconocer un contexto internacional desfavorable. Una de las principales razones del pesimismo económico es la inestabilidad global, con tensiones comerciales entre grandes potencias, la persistente amenaza de una recesión global, y los efectos de la guerra en Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos. México, como economía abierta y dependiente del comercio exterior, se ve directamente afectado por estas dinámicas.
Pero principalmente, existen razones internas. Hay un déficit muy alto (el mayor de los últimos 20 años), la delicada situación financiera en Pemex y CFE, falta mejorar la conectividad de nuestra infraestructura logística, mayor capacidad en puertos, carreteras y vías férreas, más fuentes de energía y que sean limpias, mejoras en telecomunicaciones, un mayor nivel de innovación en tecnología y manufactura, atajar el problema creciente de la inseguridad, y por supuesto la aguda preocupación por la falta de estado de derecho entre inversionistas que se podría materializar con la reforma al poder judicial a partir de la sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Unión.
Nada de esto es novedad, y por eso durante meses se había esperado una llamada de atención de las calificadoras, que finalmente se dio hace unos días por parte de Fitch. Así reza la alerta de la calificadora internacional: Las reformas constitucionales podrían afectar el perfil institucional de México y su grado de riesgo soberano. Las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la judicial, en conjunto con las estrategias fiscales que ha anunciado el nuevo gobierno, serán decisivas para el grado de inversión del país pues generan preocupación sobre la imparcialidad, independencia y calidad técnica del poder judicial.
Por eso es inminente impulsar el crecimiento económico durante el próximo sexenio. Es fundamental restablecer la confianza de los inversionistas enviando señales claras de estabilidad y compromiso con el Estado de derecho. La promoción de un entorno empresarial favorable, donde se respeten los contratos y se incentive la inversión en sectores estratégicos. Ahí es clave el fortalecimiento de las instituciones que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas; Claudia Sheinbaum no puede optar por desaparecerlas. Y por supuesto, debe modificar la propuesta de AMLO y sí avanzar en la consolidación de un mejor sistema de justicia.
Otro aspecto crucial es la necesidad de una política fiscal más efectiva. Aunque la austeridad ha sido una bandera de esta administración, es importante reconocer que la inversión pública es un motor esencial del crecimiento. Es imperativo que se destinen recursos a infraestructura, educación, y tecnología, es decir, en sectores que son estratégicos para la productividad no sólo en los programas clientelares. La creación de una Agencia Nacional de Planeación de Infraestructura (propuesta por una servidora en la LXIV Legislatura) que incluya la participación del sector privado podría ser una solución viable para superar las limitaciones presupuestarias.
Sin duda hay mucho que hacer y para poner manos a la obra se requiere un drástico giro de timón por parte de quien comandará el destino de México.
