Un importante sector de la sociedad mexicana, -que forma parte de la clase media-, supone que la llegada de Donald Trump a la presidencia significará una batalla frontal contra el crimen organizado de nuestro país promovida por el gobierno de Estados Unidos y ello le genera optimismo. Sin embargo, entender los detalles es importante.
La obsesión del gobierno norteamericano está centrada en el fentanilo y la migración indocumentada. Sin embargo, ambas preocupaciones, -expresadas por Donald Trump a lo largo de su campaña-, no responden ni a principios ni a valores, -y menos aún-, a una política exterior, sino a cumplir sus promesas de campaña para con sus seguidores, postulados que él comparte en lo personal, pues entiende que son grandes riesgos para su país.
Al presidente Trump sólo le preocupa la política interior de Estados Unidos.
Nosotros, los mexicanos, hemos visto crecer durante los últimos años un fenómeno que se acrecentó con la complacencia gubernamental derivada de la política “abrazos y no balazos”, de López Obrador. Éste es el crecimiento de la extorsión practicada por grupos criminales en contra de la población civil, gravando las actividades comerciales con el “cobro de piso” que a final de cuentas se transmite al consumidor, quien termina pagando la extorsión, como lo hemos visto con el aguacate, el limón y en algunas regiones con la venta de pollo y tortillas.
Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de la gravedad de que en muchas zonas el crimen organizado haya tomado control de ayuntamientos, -no sólo de la policía y tránsito-, sino también de los presupuestos de obras públicas, de la secretaría de finanzas y de todas las áreas con alto ejercicio presupuestal. El sádico asesinato del alcalde Alejandro Arcos, -de Chilpancingo-, fue un aviso y amenaza dirigida a todos los demás ediles, de lo que les puede suceder si no se alinean con sus exigencias.
No es aventurado pensar que, si bien debe haber funcionarios municipales que bajo amenaza les dejan operar, también los haya quienes aprovechan la coyuntura para llevarse en beneficio propio una tajada de este latrocinio.
En la medida en que bajo la presión del gobierno del presidente Trump se dificulte operar la exportación de droga a Estados Unidos, es muy probable que todos los cárteles traten de compensar la pérdida de esos ingresos fortaleciendo la extorsión en nuestro territorio, llegando a apoderarse de la mayor parte de las entidades gubernamentales que ejercen alto presupuesto.
Frente a este escenario de pérdida de control gubernamental es que el gobierno federal debe tomar como prioridad fundamental el combate al crimen organizado, antes que cualquier otra actividad.
Sin embargo, se percibe en el horizonte un conflicto dentro de la 4T, pues el sector duro y cercano al expresidente parece estar a la defensiva, frente al peligro de que se les finquen responsabilidades por haber sido omisos con la delincuencia durante la presidencia de
López Obrador y son los que quizá obstaculizan las acciones policiacas de la secretaría a cargo de Omar García Harfuch.
La lucha en contra del crimen organizado, -para retomar el control territorial del Estado Mexicano-, requiere de una acción coordinada y con total apoyo ciudadano. Ésto significa sensibilizar a los sectores sociales que se han alineado como simpatizantes de la delincuencia organizada, -e incluso le protegen-, porque son beneficiarios de las supuestas acciones filantrópicas de estos cárteles. Debemos reconocer que han sido muy efectivos creando una base social que les apoya.
Además, se vuelve fundamental luchar en contra del fenómeno cultural juvenil que idealiza, -como sinónimo de éxito, poder y dinero-, a los grandes capos del crimen organizado e impulsa a los jóvenes a tratar, -de forma aspiracional-, a emularles.
Por si lo anterior fuese poco, el rescate de la perversa mezcla ideológica de la “lucha de clases”, -por parte de la 4T-, ha permitido que hoy en el imaginario colectivo de los sectores sociales marginados se legitime todo tipo de lucha en contra de las clases sociales “acomodadas”, incluyendo las actuales actividades delincuenciales. Todo esto enrarece y contamina al combate en contra del crimen organizado.
Ingenuamente López Obrador siguió pensando, -después de varias décadas de labor como activista social-, que aún en los tiempos de su gobierno seguían existiendo las circunstancias favorables para dar la batalla ideológica, sin percibir que los tiempos cambiaron y son de peligro frente a una delincuencia envalentonada y fortalecida, al grado de retar a las Fuerzas Armadas y al Estado Mexicano para tratar de cogobernar en muchos municipios, junto con la autoridad legítima. La ideología que confronta y divide a la sociedad favorece al crimen organizado.
Incluso fue un grave error de López Obrador ver con buenos ojos la participación delincuencial a favor de su movimiento político en tiempos electorales, sin considerar que ninguna ayuda del crimen organizado es gratuita, pues después pasa factura.
La confrontación del presidente López Obrador contra sus supuestos adversarios que forman parte de la sociedad civil, abrió espacios de control a la delincuencia, pues desvió la atención de donde estaban los verdaderos peligros. Confundió a adversarios ficticios, -simplemente por ser opositores políticos-, y en contraste toleró a la delincuencia organizada.
Por ello hoy vemos gobiernos fallidos, donde la delincuencia es la que tiene el control de la agenda pública, como hoy sucede en Sinaloa, un estado que cada día se mueve hacia donde el cártel dominante define a través de emprender acciones violentas en contra de la ciudadanía. Estos indicadores son un ejemplo de lo que nos espera con el recrudecimiento de la lucha contra el fentanilo que impulsará el presidente Trump.
Añadamos a este contexto la pérdida de autonomía del Poder Judicial Federal, que ahora quedó en manos de la 4T a través del Congreso, hoy controlado por López Obrador a través de MORENA. Ésto abrirá nuevos espacios a la impunidad, que se suman a los que ya favorecen a la delincuencia.
La presidenta Sheinbaum no podrá hacer frente a las exigencias de un presidente Trump que obsesivamente la presionará a tener respuestas inmediatas si antes con visión pragmática no toma control del sector duro de su partido, el cual se distrae con la lista de pendientes que le dejó el presidente López Obrador cuando transfirió el poder legítimo para convertirse en un poder fáctico de control.
Incluso, sería una opción para la presidenta Sheinbaum acercarse a la oposición y negociar su apoyo, para lo cual tendría que asumir compromisos reales y cumplirles para generar confianza.
Los tiempos que se vienen son difíciles no sólo para la presidenta Sheinbaum, sino para todo México. Es posible quedar atrapados en un fuego cruzado entre las bandas dedicadas al narcotráfico y el gobierno del presidente Trump, con el gran riesgo de que estos grupos delincuenciales quieran rescatar lo perdido en el trasiego de drogas extorsionando aún más a los mexicanos.
Es urgente prepararnos también para una eventual crisis en el ámbito de adicciones, pues de tener éxito la administración del presidente Trump frenando el ingreso de drogas a su país, el producto que quede en nuestro territorio podría ser canalizado hacia el consumo interno, convirtiendo a nuestros jóvenes en grandes consumidores.
Ante este panorama de peligro inminente la presidenta Sheinbaum debe tomar como prioridad de su gobierno el combate al crimen organizado.
¿Y XÓCHITL?
Xóchitl levantó grandes expectativas entre un amplio sector de la clase media, lo cual presuponía que frente a la derrota electoral sufrida se canalizaría en un gran movimiento cívico para dar espacio a la participación ciudadana. ¿Dónde está Xóchitl?
ZAFARRANCHO EN EL SENADO
De vergüenza la forma en que una discusión en el Senado escaló casi a los golpes. Poco faltó para que se diera la agresión física ¿Y el espíritu democrático?
TRIBUNAL PARA VIGILAR A JUECES
Es preocupante la creación de un tribunal que vigile y castigue a jueces por el desempeño de sus actividades.
Es fundamental crear reglas claras para su operación, pues podría terminar en una censura que castigue a los jueces por resoluciones contrarias a los intereses del Poder Ejecutivo. Por ello, -como contrapeso-, el Estado Mexicano definió una estructura de tres poderes autónomos que hoy ha sido desmantelada por la 4T.
Como muestra tenemos la amenaza del fiscal Gertz Manero de iniciar una carpeta de investigación en contra del juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien dejó en libertad a José Alfredo Cárdenas Martínez, para que enfrentase su proceso en libertad con un brazalete electrónico.
En estos tiempos de intolerancia e ignorancia a los jueces que dictan resoluciones que incomodan al Poder Ejecutivo o a la FGR, así como a los legisladores que haciendo uso de su facultad legislativa votan en contra de leyes importantes para el Poder Ejecutivo, se les amenaza con un juicio político o con sanciones, por realizar las actividades inherentes a su cargo.
