Más allá de la crisis de inseguridad que México ha vivido en estos años y de la catástrofe en los sistemas de salud y de educación, hay un componente que suele pasarse por alto a la hora de evaluar la sostenibilidad de los distintos programas de subsidios y transferencias que mueren a instrumentado para extorsionar al ciudadano y comprar su voto, y que consiste en algo muy sencillo: el Gobierno Federal ya no tiene dinero para mantener ese ritmo en la dispersión de recursos clientelares y en el financiamiento de los elefantes blancos.
Desde el punto de vista económico, el problema puede plantearse de la siguiente manera. Por distintas razones se ha puesto de moda la idea de que repartir efectivo “sin ton ni son”, es una manera de lidiar con los desafíos de la inequidad, o dicho con más propiedad, que la incompetencia e ineficacia del gobierno o de las políticas públicas no han logrado mitigar.
En consecuencia, cuando el crecimiento fracasa, surge el incentivo de adoptar políticas cautivadoras, sobre todo en tiempos electorales, que por lo general son estériles y más temprano que tarde, inevitablemente colapsan, en otras palabras, “es pan para hoy y pagado con el hambre de mañana”. Eso es justamente lo que puede suceder en los próximos dos o tres años si siguen las mismas recetas, todo apunta, por ejemplo, a que el crecimiento de la economía en todo el sexenio será menor al 7%, el más bajo de los últimos cinco gobiernos, y muy lejos del 4.5 o 5% que sería deseable. Por consecuencia el ingreso por persona de los mexicanos será con toda seguridad de 0 o de 1% cuando mucho, es decir, cada persona recibirá prácticamente el mismo dinero en términos reales en 2024 que seis años atrás, esto quiere decir que si no hay crecimiento tampoco hay impuestos que cobrar ni dinero que repartir.
Estas son las razones, entre otras, por las que el gobierno ha tenido que echar mano de todo lo que está a su alcance, confiscar recursos de los fideicomisos existentes, escamotearle dinero de educación y salud, pedir prestado en los mercados internacionales, derrochar los ahorros de los fondos de estabilización que había, retrasar o de plano reducir las participaciones fiscales federales a los estados y municipios, y eventualmente prepararse para ejecutar expropiaciones en toda regla, como la que están pensando en el caso de las Afores, es decir, extraer los ahorros de los trabajadores y poner al borde de la quiebra el sistema pensionario del país.
Con toda seguridad, el siguiente gobierno, si es de Morena, encontrará un regalo envenenado y lo más probable es que los millones de personas que reciben una pensión o una beca, dejarán de percibirlos a más tardar en el año 2025, con el consecuente efecto de sentirse engañados porque con las mismas políticas de ahora, no habrá tela de dónde cortar.
En cambio, un gobierno profesional y responsable como el que puede darse si gana la coalición opositora, deberá tomar medidas rápidamente para preservar al menos de subsidios y transferencias para adultos mayores, con un enfoque que sea verdaderamente orientado hacia los más necesitados. Tendrá también que levantar el sistema de salud y educación, explorar una mayor participación privada en la gestión de diversas áreas o empresas públicas, y emprender reformas serias y de fondo.
Es evidente que preso de su origen y atenazado por la corrupción y por los intereses creados, un eventual gobierno de Morena no tendrá la capacidad, ni la voluntad, ni la decisión para rectificar un rumbo, que hoy parece ir directamente al precipicio.
