Hay muchas clasificaciones del derecho. Destaco la que lo divide en consuetudinario y deliberado. El primero no se equivoca, avanza conforme la realidad se lo exige. Consagra en la norma lo que ya la costumbre acreditó suficientemente. El deliberado es resultado de la capacidad y la responsabilidad de quienes los ordenamientos mismos señalan para hacer esa tarea y los procesos para llevarlas a cabo. Aquí sí suelen cometerse errores mayúsculos que, dentro de los muchos daños que los gobernantes pueden hacerle a sus gobernados, por sus efectos generales, su larga duración y su dificultad para corregirlos, han sido y seguirán siendo los más perjudiciales y perversos.
Van algunos ejemplos dentro de los muchos que se han cometido en nuestra historia.
La ley de la renta congelada en la Ciudad de México (1942-2001) fue una medida en un contexto de guerra, pues la vivienda era costosa en la época poscardenista.
Su propósito era: “Impedir que la clase laborante se vea imposibilitada para controlar su nivel de vida por el constante aumento de los precios de la primera necesidad”. Desde luego, las expectativas que generó propiciaron un gran apoyo popular. Su vigencia se prolongó durante siete décadas por la condescendencia de las autoridades ante un problema cuya solución implicaba afectar derechos adquiridos. Los efectos fueron nefastos. Los propietarios dejaron de invertir en el mantenimiento de las viviendas y las familias se resignaron a vivir en condiciones deplorables. El relato que el sociólogo Oscar Lewis hace en 1961, denominado Los hijos de Sánchez, es un testimonio fehaciente. Fueron lamentables en las épocas de lluvia los derrumbes en las colonias del centro de la Ciudad de México con muchas pérdidas de vida. Una vez más se confirmaba que la aparente prosperidad en el corto plazo es causa de miseria en el largo plazo. Primer ejemplo.
De la Revolución Mexicana surgió, encabezado por el Movimiento Zapatista, el reclamo por las tierras de las que habían sido despojadas las comunidades indígenas desde el periodo liberal de la Constitución de 1857. Nuestra Carta Magna de 1917 consagró en su artículo 27 ese afán de justicia. La Ley del Patrimonio Familiar de 1927 señaló que el ejido no era enajenable y, por lo tanto, lo sustrajo del mercado, devaluándolo. En 1934 se crea el ejido dotatorio que, a diferencia del restitutorio, cualquier núcleo agrario podría demandar el acceso a un bien finito por su naturaleza: la tierra. La combinación de estos factores, agregado a la irresponsabilidad de muchos gobiernos que no se atrevieron a corregirlos, fue desastrosa. Los propietarios vivieron bajo la amenaza permanente, suspendiendo inversiones, las invasiones proliferaron, y hoy la mitad de la superficie del territorio nacional de la mal llamada Propiedad Social enfrenta, para sus poseedores, problemas jurídicos para probar su tenencia.
En 1992 terminó esta abominable política pública. Segundo ejemplo.
La Expropiación Petrolera fue la solución a un conflicto obrero-patronal, no un proyecto económico para crear una empresa pública como sustento del desarrollo nacional. Su desempeño, con excepción del breve periodo de los yacimientos de Cantarell, fue la causa del brutal endeudamiento actual que ha requerido enormes inversiones estatales en el inútil propósito de darle viabilidad. Tercer ejemplo. Es el mayor problema que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. La posibilidad de que funcione como monopolio estatal sería un suicidio.
Ahora estamos ante otro más de estos errores: la reforma a los poderes Judicial y Legislativo. No merece ni siquiera un análisis serio. Forma parte de lo que el jurista argentino Carlos Nino denomina “anomia boba” y que define como “el conjunto de acciones colectivas autofrustrantes para los agentes que las ejecutan”.
AMLO tiene un pertinaz instinto para pelear. En cuanto a nosotros: hay confrontaciones que se deben evitar (Sun Tzu) y, cuando veas a tu enemigo cavar su tumba, no lo interrumpas (Napoleón).
