La clase política tabasqueña lo sabe desde hace muchos años. Si alguien le manifiesta a Andrés Manuel López Obrador la más mínima señal de sometimiento, lo aplasta, es su naturaleza. Por eso levanto la voz ante las declaraciones de Jorge Romero Herrera, afirmando que “de aquí en adelante desde Acción Nacional no habrá más señalamientos ni descalificaciones” al gobierno y a los legisladores. Ofreció hacer propuestas y aplicar la reforma al Poder Judicial en forma gradual.
No me sorprende que Marko Cortés le haya pasado la estafeta de la dirigencia antes del proceso interno de elección. Desde hace tiempo han sido cómplices para manejar el partido a su antojo, usando mecanismos deshonestos y contrarios a la normatividad interna para distribuirse posiciones de poder en el partido que en toda su trayectoria dio ejemplo de verticalidad.
Siguiendo el ejemplo del gran panista Carlos Castillo Peraza, simplemente expreso: “Disiento”.
Suscribo con beneplácito lo escrito por Diego Fernández de Cevallos: “Todo lo que menoscabe la independencia y la autonomía del Poder Judicial implica aniquilarlo, y es deber ético y político de los ciudadanos oponernos con energía y sin concesiones. Lo contrario sería tanto como pedir al descuartizador que se vaya por partes, cuando así tendría que hacerlo, o sugerir al asesino que hunda lentamente el puñal en las entrañas de su víctima”.
La acción demoledora de las instituciones es evidente. La más reciente es la inhabilitación de las cámaras para debatir con libertad, sometiéndolas al dominio de una mayoría ignominiosamente obediente. Ya se dio una regresiva reforma a la Ley de Amparo, ahora corresponde al brutal silenciamiento de los voceros de la ley.
Desde luego, el Estado mexicano es negligente para hacer justicia. Según fuentes confiables, hay cerca de mil 500 escuelas de las que egresan litigantes, expertos en ubicar subterfugios de la ley, prácticas dilatorias y diversos mecanismos para manipular y violar el orden jurídico. Lo digo con absoluta certidumbre por el desorden evidente para enseñar algunas materias (sociología jurídica, filosofía del derecho, teoría del Estado, deontología jurídica, derecho romano), que constituyen la esencia para que el abogado tenga criterio jurídico como herramienta eficaz para desentrañar los valores que protegen las normas, principalmente los derechos humanos y la división de Poderes.
Se considera que 35% de los mexicanos no tiene acceso a los procesos legales. La institución diseñada para ese fin, la defensoría de oficio, no funciona y ninguna iniciativa alude a ella. ¿Cuántos delincuentes llegan a juicio? La proporción es ínfima. El problema radica en el Poder Ejecutivo, la tarea radica en vigorizar la seguridad, área en la que el gobierno ha fracasado.
El PAN nunca se ha negado a las reformas cuando se busca mejorar el desempeño de las autoridades. La preeminencia del interés nacional ha sido uno de sus principios fundamentales. Hay muchos ejemplos en los que hubo apoyo sin importar el deterioro electoral. El avance económico, político y social sería inexplicable sin su concurrencia. Desde su origen, Manuel Gómez Morin, su fundador, asumió el compromiso del cambio gradual, civilizado, protegiendo la gobernabilidad y la estabilidad. Nunca se negó al diálogo respetuoso para propiciar el entendimiento de todas las corrientes. Por eso se le denominó “oposición leal”, no antisistémica. Pero, igualmente, nunca se prestó a la farsa y al engaño. Su congruencia como oposición y como gobierno la sostengo en cualquier foro.
Por eso no puedo coincidir con quienes se asumen como dueños del partido. A ellos les exijo que se larguen y dejen de dañar a la, hasta ahora, única institución que puede evitar el desastre.
