Opinión

El derecho

Por Juan José Rodríguez Prats

La ley mexicana no es sólo estúpida, sino inaplicable.        


Vivimos embelesados por las apariencias, nos importa más el parecer que el ser. Por deformación y pereza, no escudriñamos el contenido, especialmente el de nuestras leyes. Nuestra Constitución es un disfraz, forma parte de una fachada. No somos una República representativa democrática, laica y federal ni está compuesta de Estados libres y soberanos ni éstos tienen el municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa.

Nos hemos esmerado en diseñar un México legal distante de los hechos diarios y reales. Normatividad y normalidad no se corresponden. A esta incoherencia se le denomina anomia, anarquía o barbarie, depende del rigor con que se juzgue.

Hace algunos ayeres, Manuel Gómez Morin escribió (perdón por lo extenso de la cita):

“Justamente cuando se hace depender la solución de los más graves problemas jurídicos de los métodos técnicos en la legislación, de la exactitud gramatical e ideológica del texto, de la claridad absoluta del mandato, nosotros hacemos leyes ambiguas, plagadas de errores gramaticales, propicias a todas las explicaciones, confusas en su ideología, faltas de un plan, de una idea central que armonice con el conjunto, que le dé fuerza y que permita una interpretación correcta en los innumerables casos en que la duda y la laguna no puedan evitarse”.

Agregaba, además, que “la mejor forma de frustrar la realización efectiva de un ideal es elevarlo a la calidad de ley”.

El mal viene de lejos, pero, paradójicamente, al iniciar nuestra transición hacia la democracia, la “diarrea legislativa” se precipitó. Van algunos ejemplos:

1. La reforma del anterior Distrito Federal ha sido un verdadero desastre, desde el cambio de nombre y la creación de las alcaldías, verdaderos territorios de caciques. Se pretendió un gobierno propio para la mayor concentración urbana del país y hoy es el más dependiente y desarticulado, padeciendo los vecinos la mayor ineficiencia en el otorgamiento de servicios. De su Constitución ni quién se acuerde.

2. Se homologaron las fechas para celebrar elecciones en los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, a convocatoria de candidatos, vota sin ponderar, en cada caso, la razón de su sufragio.

3. La equidad de género ha tenido consecuencias desastrosas por su manipulación. Los hechos lo prueban. Se ha llegado a avasallar y alterar la voluntad ciudadana.

4. La política social elevada a nivel constitucional ha sido una herramienta electoral y asistencialista. En aras de una austeridad republicana, ahora bautizada como franciscana, se reducen o cancelan programas de salud y educación.

5. Cambiar por cambiar porque hay que borrar aciertos del pasado ocasionó el fin de instituciones y políticas que en su proceso de consolidación estaban dando resultados benéficos: el Seguro Popular y la política educativa.

Afortunadamente, se frenó la contrarreforma del sector energía, la cual hubiera provocado una verdadera debacle. Sin embargo, hoy vemos a los empresarios desfilar acompañados del embajador de Estados Unidos para recibir el beneplácito presidencial ante la amenaza de que se viole la ley.

Ahora se busca terminar con el cambio de horario con el argumento de que el ahorro no es importante y que causa daño a las personas. Este tema, que creíamos ya superado, se viene discutiendo desde hace 30 años. Parece que la consigna es resucitar viejas querellas y seguir evidenciando quién manda y quién debe emitir sentencias o absoluciones.

El ahorro por aprovechar la energía que la naturaleza nos ofrece (según mis pesquisas, es superior a los tres mil millones de pesos, con variaciones anuales) no es para los usuarios, sino para CFE que, entre menos genere electricidad, menos pierde. Además, dado el combustible que utiliza, ocasiona más daño por contaminación que el que pudiera causar el ajuste de una hora. Hay muchos casos más. Una conclusión: si no vemos el derecho en serio, seguiremos peor.