Son tantas las fallas, equivocaciones y atropellos a la ley en los tres primeros años de gobierno del presidente López Obrador, que es difícil destacar algún acierto. Reconozco que me asombró su comportamiento en Washington. En contra de su actitud de peleador callejero, se le vio sensato y prudente.
En la segunda parte de su gobierno se le presenta un dilema que no consiste en elegir entre las políticas de Cárdenas o Salinas, sino entre los principios liberales de Juárez y los estatistas de Cárdenas.
En la Constitución de 1857 se consignaban solamente dos áreas exclusivas del Estado: acuñación de moneda y correo. José María Mata y Guillermo Prieto celebraban una economía abierta a la inversión nacional y extranjera con respeto a los derechos de propiedad. Juárez nunca concibió un Estado empresario. Apostaba por la creatividad e iniciativa del ciudadano y por una auténtica división de poderes. El tratado McLane-Ocampo, incluso contenía cláusulas de libre tránsito de mercancías.
En contraste, Cárdenas sostenía que el Estado tenía que absorber el mayor poder para fortalecer la soberanía y la justicia social. Creo que el Partido de la Revolución Mexicana, a diferencia del creado por Calles, no se concebía para competir con otros partidos. Simplemente, el que no estaba en sus filas era un reaccionario, enemigo del progreso.
López Obrador habló en Washington de la integración económica de América del Norte, incluso de fortalecerse para su confrontación con el poderío asiático de China. Ahí es donde se da la incongruencia.
Los expertos coinciden en calificar como regresiva y antieconómica la reforma propuesta en materia de energía. No hay un argumento sólido que la justifique. Escudriñando en su contenido se encuentra una explicación que también se aplica a Pemex. Las empresas paraestatales, dizque productivas, no pueden subsistir en un mercado energético abierto y competitivo por su ineficacia, altos costos, empleomanía y corrupción. Requieren del apoyo del Estado en todos los órdenes.
Por muchos años se crearon condiciones para la competencia mediante instituciones que regularan el mercado y ofrecieran garantías a los inversionistas privados (nacionales y extranjeros) que obviamente ponderaban sus posibilidades para hacer negocios. Ni el más iluso podía esperar que lo hicieran por razones altruistas. La empresa pública, por su parte, por otro tipo de causas, totalmente irracionales e injustificadas, reciben protección jurídica y amplios apoyos económicos del sector público. La tesis es la misma. Pemex y CFE son símbolos de mexicanidad, en ellas encarna la patria, por eso se les da prioridad frente a la necesidad de ofrecerles a los mexicanos los servicios más elementales, que son los deberes primigenios del gobierno.
La oportunidad es benéfica para México y el Presidente lo expresó con claridad, pero debe ser complementada desistiendo de impulsar su reforma, por absurda, inoportuna y contraria a los intereses de México. De persistir, incurriría en un más acentuado descrédito con nuestros socios, al no cumplir compromisos ya contraídos.
Ya se perdieron tres años de graves desaciertos. Percibo imposible que puedan corregirse en la segunda parte de este gobierno. Si López Obrador da un giro en sus posicionamientos, como muchos percibimos en la reciente reunión cumbre, cuando menos evitará males mayores.
En 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello, en su libro La disputa por la nación, escribieron: “México parece estar viviendo una alteración de gran alcance en el complejo de expectativas y percepciones de la realidad que conforman la conciencia social y definen el carácter de una época”. Las circunstancias actuales son las mismas. El Presidente señaló el rumbo: “Lo más conveniente es fortalecernos comercialmente en todo el continente”. Ojalá no incurra en sus notables incongruencias.
