En los últimos años los entes públicos fiscalizables en el estado de Veracruz han venido entendiendo que los disponibles que manejan son patrimonio de la ciudadanía y que son objeto de vigilancia por parte de los entes fiscalizadores, principalmente la ASF, Orfis y Contralorias.
En estos últimos años han sido recurrentes las observaciones de presunto daño patrimonial siendo el principal rubro la inversión en infraestructura, que afecta a los programas federales de FisemDF, Fortamund y en algunos casos los ingresos propios.
Que se entiende por daño patrimonial;
A la lesion del patrimonio publico; representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrenimiento, perdidad o uso indebido o deterioro de los bienes e intereses publicos producidas por una gestion ineficiente de administración o funcionario publico de cualquier ente en el ejecicio presupuestal o en el parimonio.
Por Presunto:
“Adjetivo; en donde se presume la existencia de un acto o desviacion, no comoprobado fehacientemente”.
Así tenemos que el año 2020, todos los municipios de Vearacruz presentaron presunto daño patrimonial; el monto observado fue de mil 671 millones, en el año 2021; 2 mil 688 millones de pesos, con presunto daño en 205 entidades municipales, la ultima cuenta publica, presentada hace unos días y aprobada en el congreso del estado correspondente al año 2022, en 195 municipios se establece un presunto daño por mil 305 millones de pesos.
Es cierto que los presuntos presentan sumas absolutas, pero hay cualitativos denominadores que dicen lo contario, son validas las conclusiones de los entes fiscalizadores en este caso el Orfis, pero también es cierto que hay un reconocimiento que la mayor parte obedecen a normas que no han sido cumplidas.
Dentro de las causales las más incurridas destacan:
1. Cumplimiento de las autorizaciones que en obras hidráulicas federales otorga CONAGUA. (en ocasiones tardan hasta dos años)
2. Cumplimiento de las autorizaciones en obras hidráulicas estatales que otorga la CAEV.
3. Falta de recepción de las obras eléctricas por parte de CFE.
4. Falta de bitácoras y entregables en arrendamiento de equipo.
Otras causales reiteradas:
A. Falta de emisión de CFDI en remuneración de salarios.
B. Falta de entero del ISR, descontado a trabajadores.
C. Falta de entero del ISRPT estatal; obligación patronal.
D. Fondos federales no devueltos por cierre de ejercicio.
E. Falta de entregables que confirmen el egreso.
Este tipo de faltas son las que se consideran como presunto daño patrimonial y constituyen según declaraciones del Dip. Rafael Faranoni Magaña un presunto daño del 62.3 por ciento de la obra pubica observada.
El pasado lunes se aprobó el dictamen de la cuenta pública del año pasado, que como ya cite presenta un daño presupuestal millonario, con mas del noventa por ciento establecido a la administración municipal.
Un día antes el Dip. Faranoni menciono que un porcentaje importante pertenencia a obra terminadas y en operación, pero carentes de validación y autorización, especialmente de dependencias como la CFE, CAEV y CONAGUA, quienes tienen su propia normatividad y tiempos de atención, pero que en muchos de los casos superaran los tiempos establecidos, como el caso de CONAGUA que tardo mas de dos años en autorizar obras a un municipio de las altas montañas y los casos son parecidos.
A este fenómeno de las autoridades facultadas, se aplica el termino de corrupción sistemática que refiere el Auditor Superior de la Federación Lic. David Colmenares Paramo, “ Como la deformación del orden jurídico y la perversión de incentivos”
Los últimos años el presunto daño patrimonial han tenido este patrón que ha sido objeto de estudio por la Auditora Superior y viene estableciendo los posibles correctores de atención; es un trabajo consistente en donde priva el criterio de la veracidad, se describen de manera objetiva los hallazgos determinados, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad que los trabajos de fiscalización requieren.
El resultado es la coincidencia externada por el joven presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, corresponden a desviaciones administrativas; no hay daño; las obras estan terminadas y funcionando.
El Lic Faranoni hizo la sugerencia de un artículo transitorio en el dictamen, para su consideracion como hechos administrativos. Por ello citamos que es indudable que ya hubo un avance en la fiscalización al considerar que son obras terminadas y que son carente de un trámite administrativo.
Por ello después de años de trabajo, se considera que debe haber mejores prácticas para determinar lo que es un presunto daño, porque mucho de lo que hemos comentado son obras carentes de autorización, la auditora general sabe que no es solo un problema de las dependencias normativas, también es responsabilidad de los entes constructores que para realizarlas requiere de un proyecto, el cual es objeto de evaluación, pudiendose establecer modificaciones y en su caso se puede aprobar antes de inciarse
En ello se esta trabajando con capacitaciones a el personal municipal en todo el estado, tambien en platicas propias en las instalaciones del Órgano, es posible que ahora se trabaje en certificar a los funcionarios responsables para mejorar la calidad en el manejo de los administradores de fondos públicos municipales.
Hay preocupación de parte de la Maestra Delia Gonzales; en principio tuvo un avance significativo ahora el Congreso seguro la seguirán apoyando.
