La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, así como de un empresario señalado como su socio y de varias compañías relacionadas con ambos.
Velarde Cárdenas, conocido como “El Pity”, recurrió a la vía judicial para impugnar su incorporación a la lista de personas cuyas operaciones financieras fueron restringidas por la UIF.
El exfuncionario presentó el 25 de agosto una demanda de amparo contra la medida. Sin embargo, este lunes, un Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que no es competente para conocer el caso y ordenó remitirlo a los tribunales federales de Sinaloa.
Ricardo Velarde ocupó distintos cargos relacionados con el turismo en Sinaloa. Durante el gobierno de Rocha Moya fue subsecretario de Turismo y posteriormente quedó al frente de esa dependencia como encargado del despacho.
Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 encabezó la Secretaría de Economía estatal. Su salida del gabinete ocurrió después de la desaparición de un joven originario de Durango en un bar de Mazatlán, establecimiento del que Velarde es copropietario.
Antes de incorporarse al servicio público, Velarde ya tenía trayectoria en los sectores restaurantero y turístico, así como participación en diferentes negocios establecidos en Sinaloa.
El bloqueo financiero alcanzó también al empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, quien, de acuerdo con publicaciones periodísticas, mantiene sociedades comerciales con Velarde en al menos ocho compañías.
Lizárraga presentó igualmente un amparo el 25 de agosto para controvertir el acuerdo 326/2026 de la UIF, mediante el cual fue incluido en la lista de personas bloqueadas.
El pasado 4 de septiembre, una jueza del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa requirió al empresario realizar precisiones a su demanda antes de determinar si procede admitirla.
Las restricciones financieras se extendieron a compañías en las que Velarde y Lizárraga aparecen como socios.
Entre ellas se encuentran Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV).
Las empresas iniciaron operaciones antes de que Velarde ocupara cargos públicos en el Ayuntamiento de Mazatlán y posteriormente en el Gobierno de Sinaloa, debido a su actividad empresarial previa en el ramo turístico y gastronómico.
Uno de los proyectos relacionados con este grupo es Akoya Sky Living, desarrollo inmobiliario ubicado sobre el malecón de Mazatlán. El complejo contempla una torre de 30 niveles, con un hotel de 135 habitaciones y 75 departamentos.
Por otra parte, Operadora de Bares Veliz (OPV) está vinculada con el restaurante El Muchacho Alegre, ubicado en Mazatlán y que en abril pasado fue objeto de un ataque con un artefacto incendiario.
En el caso de OPV, este lunes un Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa rechazó conceder una suspensión para detener temporalmente el bloqueo de sus cuentas bancarias.
El juzgador argumentó que, de acuerdo con la legislación de amparo, no resultaba procedente otorgar la medida cautelar solicitada debido a las facultades de la UIF para investigar operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita o actividades que representen un riesgo para el sistema financiero.
El litigio, por tanto, continuará en tribunales mientras las empresas y las personas señaladas buscan revertir las medidas financieras impuestas por la autoridad.
Además de los procedimientos promovidos por Velarde y Lizárraga, algunas de las empresas relacionadas con ambos empresarios también han recurrido a los tribunales para intentar dejar sin efecto las restricciones de la UIF.
En el caso de El Muchacho Alegre del Pacífico Norte, el expediente fue turnado a juzgados federales de Tijuana, debido a que en esa ciudad se encuentra registrado el restaurante correspondiente.
Los procedimientos judiciales todavía están en curso y las determinaciones sobre los amparos definirán si los bloqueos financieros permanecen vigentes o pueden ser modificados.
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