El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención urgente con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con información publicada por Milenio, la solicitud fue presentada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y actualmente se encuentra bajo análisis de las autoridades estadounidenses.
La información fue obtenida por el medio mediante una solicitud de transparencia. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a MILENIO, mediante el oficio UDT-06395/2026, que el requerimiento fue presentado por petición de la FGR y que actualmente “se encuentra en estudio por parte de las autoridades competentes estadunidenses”.
Según la respuesta de la Cancillería citada por MILENIO, México no precisó la fecha exacta en que presentó la solicitud, pero confirmó que ésta se realizó con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Dicho artículo contempla la posibilidad de solicitar la detención provisional y urgente de una persona antes de que se entregue formalmente toda la documentación necesaria para iniciar el procedimiento de extradición.
Con este mecanismo, las autoridades mexicanas pueden pedir que una persona sea detenida de manera provisional mientras se integra y presenta el expediente correspondiente.
Es importante precisar que la solicitud no significa que Cristina Pereyra ya haya sido detenida ni que Estados Unidos haya autorizado su extradición. Por el momento, el requerimiento mexicano continúa en revisión.
Linda Cristina Pereyra Gálvez ha sido señalada dentro de las investigaciones financieras relacionadas con Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y posteriormente recibió una sentencia de 38 años de prisión.
En México, las autoridades han investigado operaciones financieras, empresas y bienes presuntamente vinculados con el exfuncionario y personas de su entorno.
La acusación contra Pereyra está relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los cuales México busca que enfrente un proceso judicial en territorio nacional.
La aplicación del artículo 11 del tratado también ha sido utilizada como referencia en otro procedimiento reciente.
De acuerdo con la información citada por MILENIO, bajo este mismo supuesto Estados Unidos solicitó en mayo la detención del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
El mecanismo permite solicitar una detención provisional de carácter urgente mientras se completa la documentación necesaria para el proceso de extradición.
La SRE confirmó que las autoridades estadounidenses todavía estudian la solicitud relacionada con Cristina Pereyra.
Por ello, el procedimiento podría avanzar hacia una eventual detención provisional y posteriormente a un proceso formal de extradición, aunque cualquier determinación dependerá de las autoridades de Estados Unidos y de los requisitos establecidos en el tratado bilateral.
Milenio
