El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, rechazó los señalamientos que lo responsabilizan de presuntamente operar un fraude en las elecciones presidenciales de 2006 para favorecer a Felipe Calderón, y exigió que quienes lo acusan presenten pruebas concretas de su supuesta participación.
A través de un posicionamiento difundido este domingo, Ugalde afirmó que, a 20 años de aquellos comicios, continúan circulando acusaciones sobre una elección que, recordó, fue revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que resolvió las impugnaciones y declaró válida la elección presidencial.
El exfuncionario electoral sostuvo que responsabilizarlo personalmente de un supuesto fraude requiere demostrar cómo habría ocurrido y presentar evidencias de su intervención.
“¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di? ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación?”, cuestionó.
Ugalde explicó que el IFE de 2006 no era una institución bajo el control de una sola persona, sino un órgano colegiado integrado por nueve consejeros electorales, con vigilancia de los partidos políticos y el respaldo de un servicio profesional electoral.
Además, recordó que más de medio millón de ciudadanos, seleccionados mediante sorteos, participaron en la recepción y el conteo de los votos en las casillas electorales.
En su pronunciamiento también hizo referencia a las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox, a quien señaló de haber contribuido a deteriorar el ambiente político de aquella elección. Sin embargo, sostuvo que el exmandatario no tenía el control del IFE ni participó directamente en el conteo de los sufragios.
El posicionamiento ocurre luego de que, según Ugalde, resurgieran señalamientos en su contra en medio de las controversias relacionadas con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
En una reflexión sobre las acusaciones, el expresidente del IFE señaló que, aunque está dispuesto a rendir cuentas sobre su actuación al frente del organismo electoral, esto no significa que deba aceptar señalamientos personales sin sustento.
“Estar sujeto al escrutinio público no significa que deba aceptar acusaciones personales sin pruebas”, expresó.
Finalmente, advirtió sobre el uso del poder político para desacreditar o intimidar a ciudadanos que expresan opiniones distintas y consideró que las autoridades tienen una mayor responsabilidad de actuar con prudencia y respeto.
“La democracia requiere rendición de cuentas, respeto al disenso y responsabilidad en el ejercicio del poder”, concluyó.
