El Partido Acción Nacional (PAN) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para endurecer las sanciones contra servidores públicos que se coludan o colaboren con integrantes del crimen organizado.
La propuesta contempla penas de entre 80 y 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y que los delitos relacionados con estas conductas sean considerados imprescriptibles.
La iniciativa fue presentada por el diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez y plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De acuerdo con el planteamiento presentado por la bancada panista, las sanciones se aplicarían a funcionarios que utilicen sus cargos o las estructuras gubernamentales para favorecer, proteger o facilitar actividades de organizaciones criminales.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentran:
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, señaló que esta propuesta será una de las prioridades legislativas de su bancada durante el actual periodo de sesiones.
Durante la presentación, Lixa vinculó la discusión con los recientes señalamientos contra funcionarios de Sinaloa y sostuvo que las sanciones deben evitar que quienes sean encontrados responsables puedan recuperar su libertad.
“Si de verdad Morena y el gobierno no quieren proteger a los narcopolíticos, pongamos sanciones claras”, expresó el legislador.
Lixa afirmó que las penas propuestas buscan que la colaboración entre servidores públicos y organizaciones criminales tenga consecuencias mayores y que las estructuras del Estado no sean utilizadas para proteger actividades ilícitas.
“Que no pueda existir narcogobernante en libertad”, señaló el coordinador panista.
La propuesta forma parte de una serie de planteamientos que Acción Nacional ha anunciado para el actual periodo legislativo. El partido ya había adelantado su intención de impulsar penas máximas para funcionarios que colaboren con grupos delictivos.
La propuesta fue presentada este 2 de septiembre en la Cámara de Diputados, por lo que deberá seguir el proceso legislativo correspondiente.
Esto significa que las penas de hasta 140 años todavía no están vigentes. Para que los cambios entren en vigor, la iniciativa tendría que ser analizada y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión.
El proyecto se presenta en un contexto de señalamientos y procesos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales en distintas entidades del país.
Entre los casos mencionados por Lixa está el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Con esta iniciativa, el PAN busca establecer en la legislación federal penas más severas para servidores públicos que sean encontrados responsables de colaborar con organizaciones delictivas.
Fuente: El Universal / Foto: Archivo
