El proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto R. A., enfrentó un nuevo giro judicial luego de que magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificaran por unanimidad la suspensión que impide, de manera temporal, la apertura del juicio oral en su contra.
La resolución representa un revés para la Fiscalía General de la República (FGR), que había impugnado la medida otorgada previamente por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.
Los magistrados consideraron que los argumentos presentados por la Fiscalía fueron planteados de manera genérica y no aportaron elementos suficientes para justificar la revocación de la protección concedida al exmandatario.
La determinación judicial no significa que el proceso penal haya concluido ni que Ruffo Appel haya sido exonerado. El efecto principal es detener temporalmente el avance hacia la etapa de juicio oral mientras continúan los procedimientos de amparo y se analiza el fondo de las impugnaciones.
La medida busca preservar los derechos procesales del acusado y evitar que se produzcan posibles afectaciones de difícil reparación mientras los tribunales federales resuelven los recursos pendientes.
Pese a la suspensión, Ernesto Ruffo Appel permanece bajo prisión preventiva, por lo que continuará recluido mientras se determina la situación jurídica derivada del proceso.
El exgobernador panista fue detenido y posteriormente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en el Estado de México.
La Fiscalía lo señala por su presunta participación en una estructura relacionada con el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, acusaciones que deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales mediante el debido proceso.
El llamado huachicol fiscal se refiere a esquemas de introducción y comercialización irregular de combustibles, particularmente mediante mecanismos de evasión o elusión de obligaciones fiscales y aduaneras.
La ratificación de la suspensión mantiene abierto el escenario jurídico para la defensa de Ruffo Appel, que podrá continuar utilizando los mecanismos de amparo previstos en la legislación mexicana.
Por su parte, la FGR aún puede continuar con las acciones legales que correspondan dentro del proceso, por lo que la decisión del Tribunal Colegiado no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del exgobernador.
El caso permanece bajo la atención de autoridades federales debido a las acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles y huachicol fiscal, así como por la situación de otras personas señaladas dentro de la investigación.
Milenio
