La tarde de este lunes elementos de Transporte Público del gobierno estatal llevaron a cabo un operativo en contra de vehículos particulares que operan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
El resultado fue el aseguramiento de al menos una unidad en la vía pública (que estaba usando InDrive y con placa foránea), en una acción que tomó por sorpresa a los conductores presentes en la zona, en medio de la exigencia para que haya una regulación del sector.
Las acciones se concentraron sobre la avenida Miguel Alemán, específicamente en el tramo comprendido entre las calles J.B. Lobos y Alcocer, una de las arterias más transitadas de la ciudad.
De acuerdo con la Unión de Veracruzana de Conductores de Aplicación (Uveca), el operativo se desplegó de manera repentina, sin previo aviso, replicando el esquema de intervenciones anteriores.
Y también ocurre un día después de que algunos de los choferes se manifestaron sobre el bulevar Ávila Camacho, exigiendo que haya un marco jurídico para que puedan trabajar.
Cabe destacar que a finales de junio pasado, la dependencia estatal ya había intensificado sus operativos contra unidades de plataformas como Uber que operan en el Veracruz.
En aquella ocasión, al menos tres vehículos fueron asegurados, lo que desató una reacción inmediata entre la comunidad de conductores afectados.
El 29 de junio, un grupo de operadores organizados realizó un bloqueo en la zona norte de la ciudad de Veracruz, paralizando el tránsito durante horas y visibilizando la tensión acumulada entre quienes trabajan con aplicaciones de movilidad y las autoridades estatales que exigen su regularización antes de operar.
Ese conflicto puso sobre la mesa una discusión que llevaba tiempo pendiente: ¿Cómo debe Veracruz regular el transporte por plataformas digitales? ¿Qué marco legal necesitan conductores y usuarios para que este servicio opere con certeza jurídica?
Ante la presión generada por el bloqueo y la creciente movilización de los conductores, la gobernadora Rocío Nahle García abordó el tema.
En respuesta a la escalada de tensión, anunció que su administración enviaría al Congreso local de Veracruz una iniciativa de ley orientada a regular de forma específica el servicio de transporte prestado a través de plataformas digitales en la entidad.
Semanas después de ese compromiso público, la iniciativa no tiene fecha concreta de presentación. Apenas se están realizando acercamientos entre las autoridades y operadores.
En ese contexto de incertidumbre, los operativos continúan. Y cada vez que una unidad es asegurada, la tensión vuelve a la superficie.
En buena parte de México, plataformas como Uber, Didi e inDriver llevan años operando, donde los marcos normativos estatales no han terminado de adaptarse a la velocidad con que estos servicios se instalaron en la vida cotidiana de miles de usuarios.
En el caso veracruzano, la ausencia de una ley específica ha dejado a los conductores en una situación de vulnerabilidad constante: trabajan legalmente desde la perspectiva de las plataformas que los contratan, pero enfrentan operativos estatales que cuestionan su derecho a circular.
Entre esas dos posiciones, quienes usan estas aplicaciones a diario para moverse por la ciudad son los que menos voz tienen en el debate, aunque son quizás los más interesados en que se resuelva.
Mientras la iniciativa prometida por el gobierno estatal, los operativos continuarán siendo el único instrumento que el gobierno tiene para intervenir en un sector que, a estas alturas, ya es parte esencial de la movilidad en Veracruz.
Los conductores de plataformas digitales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río permanecen a la espera de una señal concreta: una fecha, un borrador, una mesa de diálogo. Por lo pronto, siguen trabajando con la incertidumbre de que en cualquier momento puede aparecer otro operativo en la esquina.
