México se ubicó en el lugar 121 de 143 países y jurisdicciones en el Índice de Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Project (WJP), con una puntuación de 0.40, por debajo del promedio mundial de 0.55 y del registrado en América Latina y el Caribe, de 0.51.
De acuerdo con el informe, México perdió dos posiciones respecto a la medición anterior, situación que refleja los retos que enfrenta el país en materia de Estado de Derecho, justicia y funcionamiento de las instituciones.
En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, el abogado penalista Tomás Mundo señaló que una de las principales consecuencias para la ciudadanía es la dificultad para acceder a una justicia efectiva, y relacionó esta situación con factores como la politización de la justicia, la falta de autonomía y problemas en la actuación de las fiscalías.
Veracruz, entre los últimos lugares en límites al poder gubernamental, señala abogado
En el caso de Veracruz, el abogado penalista Tomás Mundo señaló que la entidad se encuentra entre los últimos lugares en el indicador relacionado con los límites al poder gubernamental, uno de los aspectos considerados dentro de la medición del Estado de Derecho.
“En los límites al poder gubernamental, Veracruz es de los últimos lugares. O sea, no hay límites”, afirmó durante la entrevista para Periodismo de Análisis.
A partir de este señalamiento, Mundo relacionó la situación con lo que considera una politización de la justicia, así como con cuestionamientos sobre la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de procurar justicia.
Mundo sostuvo que, particularmente en Veracruz, existen problemas relacionados con los límites al poder gubernamental, uno de los aspectos evaluados por el índice.
"Yo creo que el tema de lo que ha afectado ha sido la politización de la justicia", afirmó.
El abogado también cuestionó la actuación de las fiscalías y señaló que, desde su perspectiva, existe una presión para judicializar determinadas carpetas de investigación, incluso cuando, dijo, no existirían elementos suficientes.
"Al final del día, lo que les interesa a ellos son los números. O sea, no hay calidad en las decisiones", expresó.
Mundo consideró que esta situación tiene consecuencias directas para las víctimas y para las personas sujetas a un proceso penal, particularmente en materia de debido proceso.
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la utilización de pruebas periciales, particularmente los dictámenes psicológicos elaborados durante las investigaciones.
El abogado sostuvo que los peritajes realizados por las propias fiscalías pueden generar cuestionamientos sobre su independencia, debido a que los especialistas forman parte de las instituciones encargadas de investigar los delitos.
"¿Cuándo van a emitir un dictamen contrario a los intereses de la fiscalía?", cuestionó.
Mundo explicó que, ante este tipo de situaciones, las víctimas cuentan con la posibilidad de recurrir a un asesor jurídico que puede controvertir los dictámenes, coadyuvar con la investigación o expresar desacuerdos con las actuaciones de la Fiscalía.
En este contexto, mencionó la importancia de los denominados meta-peritajes, mediante los cuales especialistas pueden revisar y cuestionar la metodología y conclusiones de otros dictámenes.
El abogado también hizo referencia a las obligaciones relacionadas con el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas, al señalar que estos principios incluyen justicia, verdad y reparación.
"Uno de los pilares centrales de los derechos humanos es la justicia, verdad, reparación, y no se da", señaló.
Asimismo, mencionó el caso de Digna Ochoa para referirse a la importancia de contar con peritajes objetivos y libres de sesgos, prejuicios y estereotipos.
Tomás Mundo también señaló que existen prácticas dentro de los procesos penales que, desde su perspectiva, pueden afectar las garantías de las personas involucradas.
Como ejemplo, mencionó los delitos sexuales y sostuvo que las entrevistas deberían realizarse bajo mecanismos que permitan su videograbación, al considerar que esto contribuye a garantizar el debido proceso.
"Se deben incorporar muchos más temas que desgraciadamente impactan en la violación al debido proceso", afirmó.
