La presencia de funerarias que operan sin contar con todos los permisos necesarios representa uno de los principales retos para el sector funerario formal en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
De acuerdo con Jacqueline Rivera, representante titular por Veracruz de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), se tienen identificados alrededor de 40 establecimientos que cuentan con permisos relacionados con la venta de ataúdes o la realización de trámites, pero que no necesariamente están autorizados para efectuar todos los procedimientos propios de un servicio funerario.
La representante de la ANDF, explicó que esta situación genera una competencia desigual para las empresas que sí cumplen con los requisitos legales y sanitarios, además de representar riesgos para las familias y para el medio ambiente.
“Es nuestra barrera más grande que tenemos como empresarios funerarios”, señaló Rivera, al advertir que algunos establecimientos realizan embalsamamientos y otros procedimientos para los que no cuentan con autorización.
Explicó que entre los riesgos se encuentra que un cuerpo no reciba una adecuada preservación y no se encuentre en condiciones apropiadas durante la velación. También existen posibles afectaciones ambientales cuando los establecimientos carecen de instalaciones adecuadas para el manejo y desinfección de residuos.
Rivera consideró que el objetivo no debe ser únicamente clausurar establecimientos, sino promover su regularización y que cuenten con instalaciones dignas y con las autorizaciones correspondientes. En este proceso intervienen distintas dependencias, entre ellas autoridades sanitarias, la Procuraduría Federal del Consumidor, Protección Civil y, dependiendo del caso, autoridades ambientales.
La problemática tomó relevancia recientemente luego de operativos realizados por elementos de seguridad y autoridades en distintas funerarias de la zona conurbada.
Rivera confirmó que las empresas formales también han recibido visitas de supervisión y consideró positivas estas acciones, siempre que tengan como finalidad verificar el cumplimiento de la normatividad.
“Yo sí soy partidaria de que tenemos que ser observados y regulados”, afirmó.
En el caso de las empresas establecidas, las autoridades revisan aspectos como las instalaciones, laboratorios, crematorios, permisos y bitácoras de cremación, además de que la documentación coincida con las autorizaciones correspondientes.
Rivera indicó que, en los casos que conoce, las revisiones no necesariamente estuvieron relacionadas con malas prácticas, sino también con la falta de algún documento o requisito administrativo, particularmente en materia ambiental.
En estos casos, dijo, las autoridades han orientado a los establecimientos sobre los pasos que deben seguir para regularizarse.
La representante de la ANDF señaló que son pocas las funerarias que cumplen integralmente con todos los procedimientos y permisos requeridos, mientras que otras operan con autorizaciones limitadas.
