Lo que debía ser un campamento de verano se convirtió en una tragedia que sacudió a México entero. Dafne Zapata Quintos, una niña de 13 años, perdió la vida mientras participaba en un programa de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Su muerte no solo dejó a una familia destrozada, sino que abrió una discusión urgente que muchos padres de familia no esperaban enfrentar: ¿Quién cuida a los niños dentro de estas instituciones? ¿Alguien las supervisa?
La necropsia practicada al cuerpo de la menor determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Un resultado que, para su familia, no es ningún accidente.
Los familiares de Dafne sospechan que pudo haber existido tortura por parte del personal de la institución, una acusación grave que las autoridades de Tamaulipas están obligadas a investigar a fondo.
La reacción en redes sociales fue inmediata. Madres y padres de familia comenzaron a compartir el caso con una mezcla de horror e incertidumbre, preguntándose si este tipo de academias representan un riesgo real para sus hijos.
Las preguntas se acumulaban: ¿Están certificadas estas instituciones?, ¿hay alguien que vigile lo que ocurre dentro de sus instalaciones?, ¿Qué clase de disciplina se aplica a los menores?
Y la respuesta que fue emergiendo, a medida que especialistas tomaron la palabra, resultó tan preocupante como la propia tragedia: en México no existe un marco legal claro que regule a las academias militarizadas privadas.
Eso significa que, durante años, miles de niños y jóvenes han ingresado a este tipo de recintos sin que ninguna autoridad tenga certeza de lo que ocurre puertas adentro.
El abogado penalista Arturo Nicolás Baltazar señala que el problema no es que estas escuelas sean abiertamente ilegales por existir, sino que la legislación mexicana simplemente no las contempla.
"La SEP no ha dicho que estas escuelas sean ilegales por el solo hecho de existir, sino que la legislación educativa mexicana no contempla ni autoriza una modalidad de educación básica militarizada".
Dicho de otra forma: ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley General de Educación reconocen la educación militarizada como una modalidad válida.
Y si no está reconocida, tampoco existe ningún reglamento que diga cómo debe funcionar, qué tipo de disciplina puede aplicarse o quién tiene la responsabilidad de vigilar que no se vulneren los derechos de los menores.
Uno de los puntos más reveladores que plantea tiene que ver con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, mejor conocido como RVOE. Muchas de estas instituciones cuentan con ese reconocimiento, lo que les permite impartir educación básica o media superior. Sin embargo, como dejó en claro el especialista, eso no significa que la autoridad educativa haya dado luz verde a ningún régimen militar.
"El tema es que esta institución educativa puede contar con un reconocimiento de validez oficial, lo que se conoce como RVOE, para impartir educación básica o media superior, pero ello no implica que la autoridad educativa haya autorizado un régimen militar, castrense o de disciplina militarizada, ese es el punto, realmente no está regulado".
Es una distinción que puede parecer técnica pero que tiene consecuencias muy concretas. Una academia puede tener todos sus papeles en regla como escuela y, al mismo tiempo, aplicar métodos disciplinarios que ninguna autoridad supervisó ni aprobó jamás. El RVOE certifica los planes de estudio, no las prácticas al interior del plantel.
Las academias militarizadas privadas no son una novedad en México. Han existido durante décadas y, en muchos sectores de la sociedad, se han promovido como una alternativa para jóvenes con problemas de conducta o para familias que buscan inculcar disciplina en sus hijos. Algunas tienen instalaciones amplias, uniformes vistosos y promesas de transformación personal.
Pero el experto sostiene que han operado al margen de la ley y, en muchos casos, son violatorias de los derechos humanos de los menores.
Para distintos sectores, la muerte de Dafne Zapata Quintos no puede quedar como una nota más en el archivo de tragedias olvidadas.
Su caso pone sobre la mesa la necesidad urgente de que las autoridades definan si este tipo de instituciones tienen cabida en el sistema educativo mexicano y, si la tienen, bajo qué condiciones y con qué controles.
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