El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrá volver a disponer de los recursos de tres pensiones que recibe del IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), luego de que un tribunal administrativo ordenó levantar parcialmente el bloqueo de dos de sus cuentas bancarias, inmovilizadas desde mayo pasado.
La resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional al exmandatario, con la que podrá acceder a los depósitos futuros correspondientes a sus prestaciones por cesantía en edad avanzada, jubilación por viudez y retiro universitario.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que cumplirá con la determinación judicial, al considerar que estos recursos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.
La dependencia aclaró que la resolución no representa el desbloqueo total de sus cuentas bancarias. Los recursos distintos a los contemplados en el fallo, así como otras operaciones financieras, permanecerán sujetos a las restricciones correspondientes.
De acuerdo con la actualización de su declaración patrimonial presentada en mayo de 2026, Rocha Moya reportó que durante 2025 recibió 797 mil 14 pesos por concepto de salario y otras prestaciones como titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa.
En ese mismo ejercicio declaró ingresos por 760 mil 313 pesos correspondientes a su jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución de la que fue rector entre 1993 y 1997, además de 554 mil 697 pesos por su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ambas prestaciones sumaron un millón 315 mil 10 pesos, cantidad superior a lo que obtuvo por desempeñarse como gobernador.
En su actualización patrimonial no incluyó los ingresos de su pensión del ISSSTE. No obstante, en su declaración anterior reportó que durante 2024 recibió 316 mil 102 pesos por ese concepto.
La autorización judicial permitirá que vuelva a disponer de los depósitos de las tres instituciones, aunque el resto de sus recursos financieros continuará sujeto al bloqueo.
El 29 de abril de 2026, autoridades de Estados Unidos presentaron acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
El Departamento de Justicia estadounidense los señaló de presuntamente colaborar con esa organización criminal para facilitar sus operaciones en la entidad.
Tras darse a conocer las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo el 1 de mayo y posteriormente la UIF ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias.
El exmandatario promovió un procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para recuperar el acceso a sus recursos. La resolución provisional le permitió disponer de los ingresos protegidos por sus pensiones, sin que ello signifique que haya quedado fuera de las restricciones financieras.
Una situación distinta enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece bajo prisión domiciliaria mientras enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal.
La Fiscalía General de la República lo vincula con una investigación por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, relacionada con operaciones de importación de combustible mediante ferrotanques.
Aunque una jueza federal le concedió una suspensión definitiva dentro del amparo que promovió contra su vinculación a proceso, la medida no puso fin a la investigación ni modificó su prisión domiciliaria.
En el ámbito financiero, Ruffo también enfrenta restricciones sobre sus cuentas bancarias por parte de la UIF. Su situación contrasta con la de Rocha Moya, quien consiguió una resolución judicial para disponer de los depósitos correspondientes a sus tres pensiones.
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