El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejó este viernes el Penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que un juez modificara la medida cautelar que enfrentaba y autorizara que continúe su proceso bajo prisión domiciliaria.
Ruffo, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos relacionados con el denominado huachicol fiscal, será trasladado por tierra hasta su domicilio en Ensenada, Baja California, donde deberá cumplir las condiciones establecidas por la autoridad judicial.
Verónica Ruffo, hija del ex mandatario panista, informó que personal de la Guardia Nacional le comunicó que el traslado no se realizaría por vía aérea debido a la distancia, por lo que el recorrido desde el Estado de México hasta Baja California podría tomar alrededor de dos días.
De acuerdo con la información proporcionada a la familia, elementos de la Guardia Nacional permanecerán en las inmediaciones del domicilio de Ruffo. El ex gobernador podrá salir de la vivienda únicamente bajo determinadas condiciones y deberá avisar con anticipación, a través de sus abogados, cuando necesite hacerlo.
Como ejemplo, su hija explicó que si requiere acudir con un médico deberá notificarlo con tres días de anticipación.
La familia de Ruffo ya se encontraba en Ensenada preparando el domicilio para recibirlo y adecuándolo a las condiciones establecidas para el cumplimiento del arresto domiciliario. Según Verónica Ruffo, un elemento de la Guardia Nacional realizó previamente una revisión del inmueble y explicó las restricciones de movilidad que deberá observar el ex gobernador.
La modificación de la medida cautelar fue autorizada el 25 de septiembre. El Comité por la Libertad, que respalda al ex mandatario, celebró la decisión y sostuvo que la prisión domiciliaria se determinó considerando su edad, motivos de salud y que la defensa acreditó que no existe riesgo de sustracción de la justicia.
La hija de Ruffo también afirmó que la familia continuará con su defensa y con la exigencia de que se esclarezcan los cargos que enfrenta.
De acuerdo con la imputación presentada por la FGR, en 2025 la empresa Ingemar, de la que Ruffo es fundador y accionista, habría importado 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos, mientras que Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. habría introducido otros 225 mil 633 litros, presuntamente sin contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Energía.
Las autoridades federales aseguraron 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en operativos realizados en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.
La FGR señala que la introducción de estos productos habría ocasionado un daño a la Hacienda pública estimado en 166 millones 466 mil 735.26 pesos.
Ruffo y su defensa sostienen su inocencia frente a las acusaciones.
Con el cambio de medida cautelar, el ex gobernador continuará su proceso penal desde su domicilio en Ensenada, bajo las condiciones fijadas por el juez.
