Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 337 periodistas y defensores de derechos humanos en México, según una investigación del Centro de Derechos Humanos de la (HRC por sus siglas en inglés) de la Universidad de Berkeley.
El estudio, publicado el 24 de septiembre de 2026 bajo el título Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico —Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México—, analiza el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024.
De acuerdo con la base de datos elaborada por el HRC, del total de víctimas 78 eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos. El equipo de Berkeley señaló que verificó y depuró registros existentes y documentó además 75 expedientes relacionados con asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia física.
La investigación sostiene que entre las víctimas había periodistas que cubrían crimen organizado, corrupción y abusos de autoridades, mientras que los defensores trabajaban en asuntos relacionados con tierras, medio ambiente, derechos de las mujeres y desapariciones.
Berkeley también documentó casos en los que las víctimas habían reportado amenazas a las autoridades y señaló que algunas estaban inscritas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando fueron asesinadas.
El HRC plantea que los asesinatos fueron la parte más visible de un conjunto de agresiones que también incluyó vigilancia, hostigamiento digital, estigmatización pública y procesos legales contra periodistas y defensores. La institución señala que la impunidad por delitos contra este grupo se mantuvo entre aproximadamente 93 y 99 por ciento durante el periodo analizado.
Otro apartado de la investigación aborda el espionaje. El HRC señala que investigaciones forenses confirmaron que Pegasus continuó siendo utilizado contra periodistas y críticos durante el gobierno de López Obrador.
La investigación atribuye a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la adquisición y operación de distintas herramientas de vigilancia y señala que para reconstruir su utilización se analizaron registros de compras, documentos judiciales y aproximadamente seis terabytes de correos y documentos internos de Sedena obtenidos durante la filtración conocida como Guacamaya.
En un artículo publicado junto con la investigación, Lindsay Freeman, directora de Tecnología, Derecho y Política del HRC, señala que un centro secreto de inteligencia militar dentro de Sedena habría desplegado Pegasus y otras herramientas, entre ellas Geomatrix, contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso investigadores encargados de supervisar al gobierno, según los hallazgos de la investigación. El artículo sostiene que algunas de estas operaciones se realizaron sin autorización judicial.
El trabajo de Berkeley también revisó las conferencias de prensa del entonces presidente López Obrador. Para ello, el equipo realizó un análisis asistido por inteligencia artificial de más de mil 400 conferencias presidenciales, con el objetivo de identificar patrones relacionados con señalamientos y estigmatización de periodistas y defensores.
La plataforma de Berkeley reúne una base de datos de víctimas, 75 expedientes, registros de conferencias presidenciales y apartados sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia física e impunidad.
El Human Rights Center señala que su investigación originalmente fue concebida como una posible presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) y como un caso para analizar la persecución mediante herramientas digitales bajo el Estatuto de Roma.
