El aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato, presentado inicialmente como uno de los mayores decomisos contra el llamado huachicol fiscal, enfrenta ahora nuevas interrogantes luego de que se conociera que la terminal involucrada cuenta con permisos y que las empresas relacionadas han puesto a disposición de las autoridades documentación para acreditar el origen del combustible.
El analista energético Gonzalo Monroy señaló que la versión difundida inicialmente por la autoridad ha ido cambiando durante los últimos días y consideró que todavía falta determinar si realmente existió alguna irregularidad en la importación de los hidrocarburos.
“Esta versión tan triunfalista de 59 millones de litros incautados o asegurados, el mayor decomiso en la historia del huachicol, pues parece ser que se ha ido difuminando, se ha ido disolviendo”, afirmó.
De acuerdo con Monroy, actualmente se sabe que la terminal opera con los permisos correspondientes y que se ha entregado información para demostrar el origen lícito de los hidrocarburos.
El especialista explicó que la terminal ubicada en Guanajuato funciona principalmente como un espacio de almacenamiento para terceros y no necesariamente es la empresa que importa directamente el combustible.
En ese sentido, señaló que compañías como Mobil y Pemex han utilizado la infraestructura de la terminal para almacenar hidrocarburos, mientras que los importadores son quienes se encargan de trasladar el producto desde Estados Unidos y realizar los trámites correspondientes ante las autoridades aduaneras.
“Hay que entender que esta versión que se dice de que de una pipa que siguieron e investigaron y encontraron la terminal más grande de todo el Bajío (...) obviamente no es unos cierros que se encontraron”, explicó.
Monroy sostuvo que, si se detectara alguna irregularidad relacionada con el origen del combustible, la investigación tendría que centrarse también en las empresas importadoras y en los procesos realizados en las aduanas mexicanas.
El experto consideró que una posible confusión de las autoridades estaría relacionada con la trazabilidad del combustible.
Explicó que, al solicitar a la terminal que acreditara el origen lícito del producto almacenado, la empresa habría presentado información de sus clientes y de los hidrocarburos que estos habían importado.
Sin embargo, al tratarse de una terminal que renta tanques e infraestructura a terceros, la responsabilidad de importar el combustible correspondería a las empresas propietarias del producto.
“Son ellos los encargados de traer el combustible desde los Estados Unidos y son los responsables de pagar el diésel principalmente en las garitas de importación”, indicó.
Por ello, Monroy consideró que la investigación debe determinar quién importó cada volumen de combustible, cuáles fueron los pedimentos correspondientes y cuánto producto llegó finalmente a la terminal.
El especialista señaló que durante el fin de semana las autoridades informaron que comenzarían a cotejar precisamente esa información.
La revisión contempla verificar los pedimentos de importación, los volúmenes ingresados al país, las cantidades trasladadas a las terminales, lo que fue vendido y lo que permaneció almacenado, con el objetivo de determinar si existe alguna anomalía.
Por ahora, esto significa que el caso no está completamente cerrado y que la existencia de permisos para operar la terminal no necesariamente resuelve por sí misma todas las interrogantes sobre el origen de cada cargamento.
Monroy fue cuestionado sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República haya cometido un error al presentar el aseguramiento como un caso de huachicol fiscal.
El analista consideró que podría tratarse de una falla relacionada con la interpretación de la información sobre la trazabilidad del combustible y cuestionó la manera en que se presentó públicamente el operativo.
También señaló que el aseguramiento habría ocurrido entre el 4 y el 10 de septiembre, periodo durante el cual la terminal permaneció cerrada mientras se realizaban las investigaciones, y que para el 11 de septiembre habría retomado sus operaciones.
Sobre el futuro del caso, Monroy consideró que será necesario esperar el resultado de las investigaciones para determinar si existió alguna irregularidad.
“Yo difícilmente dudo muchísimo de que la autoridad vaya a reconocer (...) la pifia que acaba de cometer, pero bueno, tendremos que esperar a ver el resultado de las investigaciones”, expresó.
El experto también mencionó otros aseguramientos relacionados con presunto huachicol fiscal, entre ellos un buque que llegó a Altamira, otro en Guaymas y varios ferrotanques localizados en Ramos Arizpe.
No obstante, estableció una diferencia con el caso de Guanajuato: mientras en aquellos episodios, según su valoración, existían dudas sobre quién había importado los combustibles, en este caso las empresas involucradas han proporcionado información y han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades.
Por ahora, la investigación deberá establecer si los 59 millones de litros asegurados corresponden a combustible de procedencia ilícita o si existió una confusión relacionada con los permisos y la trazabilidad de los hidrocarburos.
El resultado de la revisión de los documentos de importación será clave para determinar si hubo alguna irregularidad y, en su caso, quién sería responsable.
