El Grupo IDEA, integrado por 25 expresidentes mexicanos, de España y América Latina, emitió una declaración alertando sobre persecución política en México. Denuncian la detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, calificándola como un acto de venganza política.
Manifestaron su preocupación por el proceso judicial que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que existe un posible uso político de las instituciones de justicia en México.
A través de un pronunciamiento público, los exmandatarios señalaron que la situación del también primer gobernador de oposición en la historia moderna de México representa un caso que podría interpretarse como una persecución política, por lo que hicieron un llamado a garantizar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Los firmantes sostuvieron que las democracias deben proteger los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han desempeñado cargos de alta responsabilidad.
En el documento, los exjefes de Estado advirtieron que el fortalecimiento de la democracia depende de que las instituciones judiciales actúen con independencia y sin influencias políticas:
“DECLARACIÓN SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO
Los exjefes de Estado y de gobierno que formamos la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), vista la razón que nos animó a unir nuestras voces para defender la dignidad de la persona humana, el Estado constitucional de Derecho, y la experiencia de la democracia allí donde se encuentran amenazadas; sostenerlas dónde rigen; y llevarlas a aquellos países en los que hubiesen desparecido, como en Cuba, Nicaragua, y Venezuela, esta vez hacemos constar ante los gobiernos democráticos y la comunidad internacional, al igual que lo hicimos en 2015 desde Panamá, lo siguiente:
Somos conscientes de que así como en la región ha tomado cuerpo el llamado desencanto con la democracia, visto que su legitimidad de origen se ha visto comprometida, en algunos de nuestros países, por las falencias en cuanto al ejercicio y desempeño de las instituciones democráticas, a saber, la tutela y garantía efectivas de todos los derechos humanos para todas las personas, a la par han emergido, asimismo, experiencias que hoy se muestran trágicas a manos de gobiernos que, en nombre de la defensa de los derechos humanos de sus pueblos y valiéndose de las formas de la democracia, la han vaciado de contenidos y han abrogado las garantías de la libertad.
El desmantelamiento, por iniciativa gubernamental, del Sistema Judicial mexicano y la designación masiva de jueces mediante elecciones populares en las que privó la consideración partidaria e ideológica, ahora determina que se haya privado de libertad y se esté persiguiendo, sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, lapidándosele ante la opinión pública y mostrándose palmariamente como un acto de venganza política, al primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia de México, Ernesto Ruffo Appel.
La defensa de sus garantías constitucionales, amenazadas en la circunstancia, implica defender la tesis de que el poder tiene límites y protege a quienes gobiernan y también a quienes disienten; pero sobre todo es el único muro que asegura los derechos y libertades del pueblo ante el poder arbitrario del Estado.
La situación de Ruffo Appel reúne características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder. Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de Derecho.
Mantener privado de su libertad a quien representa un referente histórico de la alternancia democrática mexicana, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia, envía además un mensaje inadmisible a toda la sociedad: disentir del poder puede tener como consecuencia la persecución desde el propio Estado".
Firman el texto los siguientes presidentes:
Por su parte, Ernesto Ruffo Appel ha sostenido públicamente que las acusaciones en su contra carecen de sustento y ha señalado que el proceso responde a una estrategia de carácter político.
El exgobernador ha manifestado que enfrentará las investigaciones por la vía legal y ha reiterado su confianza en demostrar su inocencia mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
El posicionamiento de los 25 expresidentes se suma al debate nacional sobre la independencia del sistema judicial y el respeto a las garantías constitucionales en México.
Diversos actores políticos y organizaciones civiles han insistido en que cualquier investigación debe desarrollarse con absoluta transparencia, sin presiones externas y con estricto apego a la ley.
En tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el proceso penal contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel está relacionado con presuntos delitos de contrabando de combustible y evasión de impuestos derivados de su importación.
La mandataria sostuvo que las investigaciones se centran en posibles irregularidades fiscales vinculadas al ingreso de hidrocarburos al país.
