La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, confirmó que las autoridades de Estados Unidos le revocaron su visa de ingreso al país y aseguró que, si su situación migratoria no se resuelve, no asumiría la gubernatura de Baja California en caso de obtener el triunfo en una eventual contienda electoral.
La también coordinadora de afiliación del Partido del Trabajo (PT) explicó que, de mantenerse el problema con su documentación migratoria, optaría por no tomar protesta como gobernadora y dejaría esa responsabilidad en manos de las fuerzas políticas de su partido.
Montserrat Caballero rechazó que la cancelación de su visa estadounidense esté relacionada con alguna investigación judicial o procedimiento legal en su contra.
De acuerdo con sus declaraciones, la revocación forma parte de un proceso administrativo derivado del trámite que realiza para obtener la residencia permanente (green card) en Estados Unidos.
La exalcaldesa sostuvo que confía en que la situación pueda resolverse conforme avancen los procedimientos migratorios correspondientes.
Caballero insistió en que la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses no obedece a presuntos actos de corrupción, investigaciones penales o cualquier otra indagatoria relacionada con su gestión al frente del Ayuntamiento de Tijuana.
Señaló que el procedimiento responde exclusivamente a cuestiones migratorias y reiteró que continuará con sus actividades políticas dentro del PT.
Las declaraciones de la exalcaldesa han generado interés en el escenario político de Baja California, debido a que su situación migratoria podría influir en sus aspiraciones futuras dentro del estado.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido información pública sobre las razones específicas de la revocación de su visa, mientras que Caballero mantiene que se trata de un trámite vinculado con la solicitud de la green card.
Con ello, la exfuncionaria reiteró que su prioridad será resolver su estatus migratorio y que, en caso de no lograrlo, no asumiría la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, aun si obtuviera el respaldo ciudadano en las urnas.
