Una investigación del diario The New York Times, titulada: "Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump", sacudió esta semana el panorama político de México al revelar que integrantes del partido Morena habrían iniciado contactos discretos con autoridades de Estados Unidos, luego de que la acusación federal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más, por presuntos vínculos con el narcotráfico pusiera en alerta a la clase política del país.
Según el rotativo neoyorquino, considerado uno de los medios de mayor credibilidad a nivel internacional, estos acercamientos se estarían dando de forma reservada, lejos de los reflectores, en un intento por gestionar el impacto político y jurídico que podría derivarse del caso contra Rocha Moya, quien fue señalado por la Fiscalía de Estados Unidos como presunto colaborador del crimen organizado.
“Al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos, según diversas personas, y varios ya han iniciado conversaciones con Estados Unidos”, asegura la publicación.
Y revela: “Tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos”.
La acusación contra Rubén Rocha Moya no es un asunto menor. El exgobernador de Sinaloa, quien se encontraba en uso de licencia de su cargo, fue señalado por autoridades estadounidenses dentro de una investigación más amplia sobre los lazos entre funcionarios públicos mexicanos y organizaciones del narcotráfico. Su nombre apareció en documentos judiciales que circularon en medios especializados y que rápidamente tomaron relevancia internacional.
El escándalo cobró una dimensión distinta cuando The New York Times reportó que el caso no se estaría ventilando únicamente en los tribunales, sino también en negociaciones políticas entre actores de Morena y representantes del gobierno estadounidense. La naturaleza exacta de esas conversaciones no fue precisada por el diario, pero el solo hecho de que se estén llevando a cabo habla del nivel de presión que enfrenta el partido gobernante en México.
“Estas conversaciones se han producido en las semanas posteriores a que Estados Unidos acusara a 10 funcionarios mexicanos, tanto en funciones como retirados, al acusarlos de colaborar con uno de los cárteles del narcotráfico más poderosos del país. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho del cuestionamiento a esas investigaciones un grito de batalla para su partido político de izquierda, Morena, al calificar las acusaciones como una injerencia extranjera”, expone el diario estadounidense.
Lo que describe The New York Times sugiere que los involucrados son plenamente conscientes de la sensibilidad del tema. Una colaboración pública con Estados Unidos en un caso de esta naturaleza podría interpretarse como una admisión de que hay problemas internos que México no puede resolver solo, lo que generaría un costo político considerable para Morena y para el propio gobierno federal.
“El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el gobierno de México y, a medida que esos esfuerzos avanzan, algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones”, señala el medio.
El estado de Sinaloa ha sido desde hace décadas uno de los epicentros del narcotráfico en México. La entidad es cuna de uno de los cárteles más poderosos del mundo y ha sido escenario de disputas internas violentas que, en los últimos años, se han recrudecido. En ese contexto, cualquier acusación que involucre a un funcionario de alto rango del estado adquiere una resonancia particular.
Rubén Rocha Moya llegó al gobierno de Sinaloa en 2021 como parte de la ola electoral de Morena. Su trayectoria política previa incluye cargos legislativos y académicos, lo que hizo que su acusación resultara aún más impactante para quienes lo conocían dentro del ámbito institucional. El señalamiento de las autoridades estadounidenses lo coloca en una posición jurídica y política extremadamente complicada.
