Entre acusaciones, gritos y señalamientos directos, el Senado de la República aprobó en fast track reformas para anular elecciones por intervención extranjera y para frenar candidaturas ligadas al crimen organizado, rumbo al 2027. Fueron 85 votos de Morena y aliados contra 40 de la oposición y todo se resolvió en apenas una hora de debate.
Para la discusión en lo particular se presentaron 17 reservas, por parte de senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que fueron rechazadas.
En lo particular, senadores del PAN, PRI y MC presentaron diversas reservas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas por la Asamblea, por lo que el documento fue aprobado en sus términos.
En el dictamen se destaca que el artículo 41 vigente establece las causales de nulidad vinculadas con el exceso de gasto de campaña, la adquisición indebida de cobertura informativa en radio y televisión, y el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita, pero no prevé de manera expresa actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales como causal directa de nulidad electoral.
Señala que las nuevas formas de intervención o injerencia extranjera pueden operar mediante mecanismos distintos, como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques o las campañas coordinadas de desinformación.
En la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, dijo que el proyecto “tiene un propósito superior, profundamente democrático y patriótico, porque se trata de garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo, sin presiones, sin dinero extranjero, sin campañas de manipulación, sin intereses externos disfrazados de asociación civil, de opinión pública o de supuesta democracia”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la nueva causal de nulidad no es automática ni discrecional, y por eso para que proceda deberá acreditarse objetivamente la existencia de actos de intervención o injerencia extranjera, así como la gravedad y el dolo de estas prácticas; además, se tiene que probar la determinación respecto de los resultados electorales.
La senadora María Alejandra Sandoval Camacho, del PRI, presentó una moción para suspender la discusión del dictamen, pero fue rechazada por la Asamblea.
Por Morena, la senadora Cynthia López Castro precisó que diferentes países, entre ellos Estados Unidos, cuentan con leyes que prohíben la injerencia extranjera; entonces, aunque a algunos no les guste “defenderemos la soberanía nacional con esta reforma a la Constitución Política, para que quienes decidan en México sean las y los mexicanos”.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, consideró que la causal de nulidad que se agrega en la Constitución Política es sumamente ambigua y sujeta a una interpretación peligrosamente discrecional.
Dijo que la reforma tampoco tiene plazos suficientes para que las entidades federativas ajusten su regulación y, por si fuera poco, se pone en riesgo la libertad de expresión de organismos internacionales.
Del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura expuso que lo que se plantea es que cuando haya intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros, con la intención de influir en las preferencias o resultados electorales, podrá actualizarse una causal de nulidad.
Por el PRI, Mely Romero Celis acusó que lo que se discute es la nueva herramienta que Morena se inventó para anular elecciones, “bajo preceptos ambiguos, discrecionales y peligrosamente manipulables”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, reconoció que la injerencia extranjera en procesos electorales es un riesgo real y varios países han lidiado con operaciones de desinformación transfronteriza, pero esta causal “abre la puerta a cualquier cosa, sin sujeto, sin intención, con un estándar de prueba que ninguna autoridad puede cumplir de manera objetiva y con un destinatario de la sanción que, en la mayoría de los casos, sería imposible identificar.
Una vez que el dictamen fue aprobado por la Asamblea, en lo general y en lo particular, el dictamen fue enviado a los congresos de las entidades federativas para los efectos del artículo 135 constitucional.
