En México, la impunidad sigue siendo uno de los principales retos del sistema de justicia, con un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía. De acuerdo con el informe “Radiografía de la Impunidad”, elaborado por la organización México Evalúa, el 89% de los delitos que ingresan al sistema de justicia no reciben una resolución efectiva.
En entrevista para XEU, Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de la organización, explicó que la impunidad se define como la incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar a quienes cometen un delito. Esto significa que, de cada 100 delitos cometidos, apenas 11 logran resolverse.
El panorama es aún más complejo si se considera la llamada “cifra negra”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 93% de los delitos en el país no se denuncian, principalmente por desconfianza en las autoridades, miedo a represalias o la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo.
“Las personas no denuncian porque consideran que los trámites son complicados o incluso temen ser víctimas de extorsión por parte de las propias autoridades”, señaló Camacho.
El estudio revela que el principal cuello de botella se encuentra en las fiscalías, donde los casos suelen estancarse. A pesar de la implementación del sistema penal acusatorio hace más de una década, aún no se consolidan prácticas eficientes de investigación.
En estados como Veracruz, por ejemplo, el 64% de las carpetas de investigación terminan en archivo temporal, lo que en la práctica significa que los casos quedan sin seguimiento.
“Los expedientes se guardan y no pasa nada; ahí es donde se rompe la cadena de justicia”, advirtió.
El análisis también muestra contrastes importantes a nivel nacional. Michoacán aparece como la entidad con menor nivel de impunidad (67.7%), mientras que Jalisco alcanza casi el 98%.
Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela. En algunos estados, como Michoacán, muchos delitos ni siquiera llegan a denunciarse, lo que distorsiona las cifras.
En contraste, entidades como Yucatán destacan por mejores resultados, en parte por su menor incidencia delictiva y el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la reparación del daño a las víctimas.
La impunidad no solo refleja fallas institucionales, sino que también afecta directamente a la población: fomenta la desconfianza en las autoridades, desalienta la denuncia y permite que los delitos se repitan.
Especialistas coinciden en que reducir este problema requiere fortalecer las fiscalías, facilitar el acceso a la denuncia y establecer metas claras para resolver los casos de manera efectiva.
“Si no se garantiza justicia, se rompe la confianza ciudadana y se debilita el Estado de derecho”, concluyó Camacho.
