El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar en todo el país el delito de extorsión y endurecer sus sanciones. En los casos más graves, como los “monta-choques” o las extorsiones operadas desde prisión, las penas llegarán hasta 42 años de cárcel.
El dictamen corrigió la minuta de la Cámara de Diputados para elevar el rango penal del tipo básico de 6–15 años a 15–25 años, con el fin de impedir reducciones que habrían permitido la liberación anticipada de sentenciados en varios estados.
La reforma expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes relacionadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y el Poder Judicial.
Un solo tipo penal para todo el país
La normativa establece por primera vez una definición única de extorsión, entendida como obligar a alguien —sin derecho— a dar, hacer, omitir o tolerar algo para obtener un beneficio o causar daño patrimonial, moral, físico o psicológico.
Penas agravadas
El Senado aprobó tres niveles de sanción:
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19 a 33 años: cobros continuos; extorsión a comerciantes o productores; imposición de precios; uso de terceros sin conocimiento; aprovechamiento de instituciones públicas; presión a candidatos o autoridades; y exigencias de dinero en situaciones de riesgo.
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20 a 37 años: cuando la víctima sea migrante, menor, adulto mayor, embarazada o persona de confianza; uso de datos personales o imágenes; medios electrónicos; simulación de secuestro; o empleo de intermediarios para recibir pagos.
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31 a 42 años: violencia física o moral; “monta-choques”; uso de armas; aparentar pertenencia criminal; impedir la denuncia; censurar periodistas o defensores; usurpación de funciones públicas; participación de servidores públicos; comisión desde prisión; afectación a la economía comunitaria; uso de menores; o intervención de varias personas.
Responsabilidades y sanciones adicionales
La reforma castiga con 4 a 12 años a quienes cooperen en extorsiones y con 4 a 16 años a servidores públicos que filtren información. También fija de 10 a 20 años a quienes omitan denunciar y de 6 a 12 años a quienes introduzcan dispositivos electrónicos a penales. Si participan funcionarios o personas privadas de la libertad, las penas aumentarán hasta en 50%.
Investigación especializada y control en penales
Las fiscalías deberán crear unidades especializadas contra la extorsión y, mientras tanto, podrán apoyarse en las Unidades Antisecuestro. Además, se ordena bloquear comunicaciones desde centros penitenciarios, uno de los principales focos de extorsión telefónica.
Ajustes del Senado
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, detalló que el Senado hizo 15 cambios claves: elevó penas para evitar liberaciones, afinó agravantes para hacerlas aplicables, ajustó reglas de reparación del daño, revisó criterios de prueba, reincorporó sanciones a servidores omisos y eliminó beneficios preliberatorios.
Corral afirmó que la nueva legislación “cierra todas las rendijas a los extorsionadores” y unifica tipos penales y protocolos para reducir la impunidad.
COPARMEX insistió en mayores penas contra la extorsión
Fuente: Sol de México
mb
