La reciente detención de un vicealmirante ligado al aseguramiento de 10 millones de litros de huachicol en Tampico, Tamaulipas ha puesto en el centro del debate un delito conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con Ramses Pech, analista de la industria energética y economía, este ilícito no consiste en ordeñar ductos, sino en simular la importación de combustibles bajo otra categoría para evadir impuestos.
“El huachicol fiscal es meter un producto, como puede ser diésel, simulando que es un lubricante. Esto lo detectó el SAT desde 2021 y genera muchos problemas porque entran combustibles al país sin pagar lo correspondiente”, explicó.
El especialista recordó que el impacto económico es considerable:
“Las pérdidas por robo de combustible, porque se deja de pagar el IEPS, pueden fluctuar entre 100 mil y 150 mil millones de pesos para la nación. Esto lacera mucho al consumidor y sobre todo a Pemex”, señaló.
Las incautaciones más importantes se han dado en puertos, donde se han detectado barcos que ingresan cargamentos disfrazados de otros productos. “Uno de los principales problemas es la parte aduanal, sobre todo en lugares como Tuxpan, Coatzacoalcos y Pajaritos, donde han llegado productos de procedencia muy dudosa”, agregó Pech.
El analista subrayó que el huachicol fiscal no hubiera sido posible sin la complicidad de autoridades:
"Aquí lo más importante es que depende mucho de la buena voluntad de los servidores públicos, ya sea de las aduanas, las del SAT, Secretaría de Hacienda, Crédito Público, el propio Pemex y otras instancias gubernamentales para poder evitar, sobre todo, los problemas que se tengan de la introducción de combustibles no en forma adecuada".
La detención del vicealmirante cobra especial relevancia porque ocurre después de la visita de Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos.
“Creo que aquí vamos a ver muchas investigaciones. Estados Unidos y México ya tienen información; ahora es cuestión de ponerse de acuerdo. No hay que olvidar que el mercado de combustibles en México mueve más de 2 billones de pesos al año, y la recaudación por IEPS e IVA supera los 400 mil millones”, puntualizó.
El huachicol fiscal también afecta directamente a quienes utilizan estos combustibles.
“Principalmente los transportistas, porque no sabemos si el diésel de procedencia ilegal cumple con la norma oficial. Puede dañar la parte motriz de los vehículos y pone en riesgo a los consumidores”, advirtió.
Por ello, la Profeco y la Secretaría de Energía han iniciado revisiones en estaciones de servicio, donde ya se han aplicado sanciones. “Las gasolineras son el último eslabón de la cadena, pero tienen la responsabilidad de garantizar la trazabilidad de los productos que venden”, añadió.
Finalmente, Pech recordó que este tema es delicado también para Estados Unidos, pues está ligado al Tratado de Libre Comercio.
“México debe utilizar diésel de bajo azufre, pero solo producimos el 30 a 35%. El resto se importa. Si se detecta que parte de ese producto se introduce ilegalmente, afectará las relaciones comerciales y la confianza con nuestro socio”, concluyó.
