La implementación de un cronómetro en las sesiones del pleno de la nueva Corte busca acelerar la resolución de expedientes. Sin embargo, pese a la intención de aumentar la productividad, existen riesgos de que la complejidad procedimental y la publicidad de los debates comprometan la calidad de las decisiones y el análisis de fondo, opinó el abogado Raúl Mejía.
En entrevista para XEU, recordó que el objetivo dela nueva Corte es enfrentar un mayor volumen de expedientes y reducir el rezago, especialmente si se logra mantener un promedio cercano a 30 asuntos resueltos por sesión.
Detalló que el enfoque actual divide los días de sesión: un día para asuntos que antes correspondían al pleno, otro para materias civiles y penales, y un tercer día para materia laboral y administrativa.
El reparto busca gestionar mejor la carga de trabajo de las salas y evitar cuellos de botella que se producían cuando la Corte debía atender múltiples ramas en un solo día.
"Es complicado que se logre lo que están pretendiendo, los asuntos son complejos. Son asuntos de controversias constitucionales y asuntos que requieren delimitar competencias entre federación, estados y municipios, o entre órganos constitucionales, exigen un análisis detallado", indicó.
La estructura sin salas separadas podría dificultar la adecuada distribución de temas y la profundidad del debate, ya que las decisiones rápidas pueden no permitir una revisión minuciosa de los argumentos y pruebas.
Sobre la mayor publicidad de las sesiones, Mejía consideró que si bien incrementa la transparencia, podría generar un costo en la calidad del debate.
"El público participa, pero eso no garantiza que los debates sean suficientemente profundos",
Agregó que si se logra la meta de 30 asuntos por sesión sin sacrificar el rigor, podría reducir tiempos de resolución y aumentar la accesibilidad de las resoluciones. No obstante, hay riesgo de que la presión por abatir tiempos afecte el nivel de deliberación en asuntos complejos de derechos y competencia constitucional.
