La reciente imposición de multas a candidatos que participaron en irregularidades durante la elección judicial ha generado un intenso debate sobre la legitimidad y la integridad del proceso, consideró Fernando Vázquez Rigada, analista experto en temas electorales,.
En entrevista para XEU, señala que estas sanciones, aunque simbólicas, reflejan un proceso profundamente viciado y cuestionan la independencia del sistema judicial en México.
Vázquez Rigada comenta que las multas, en su mayoría, son insuficientes y, en algunos casos, ridículas. Destaca que, pese a denunciarse alrededor de 8,000 irregularidades, las multas totales suman apenas 10 millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 1,200 pesos por irregularidad.
"Es un buen negocio: hacer irregularidades y pagar una multa pequeña si se gana la elección", afirma.
Además, señala que estas irregularidades no solo podrían constituir delitos electorales graves, sino que también vician todo el proceso, poniendo en duda la legitimidad de los resultados.
Esto, según Vázquez Rigada, debería haber llevado a la anulación de la elección, pero las sanciones actuales son insuficientes para sancionar delitos de tal gravedad.
El experto también destaca que la elección fue uno de los procesos más costosos y menos participativos en la historia, con un costo aproximado de 619 pesos por voto, mucho más alto que en otras elecciones, y marcada por irregularidades que comprometen su legitimidad.
En cuanto al futuro, Vázquez Rigada advierte que, con la actual composición del Tribunal Electoral, dominada por Morena, no se esperan cambios significativos en la estructura del poder judicial.
Esto implica una pérdida de independencia y autonomía, afectando la protección de derechos ciudadanos y la justicia en general. La falta de renovación en los poderes judiciales locales, prevista para 2027, agrava aún más la situación.
