A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una disminución del 28% en las tomas clandestinas registradas en su red de ductos durante los primeros dos meses de 2025, las pérdidas económicas provocadas por el robo de combustibles se incrementaron en el mismo periodo, según informó un medio nacional a través de solicitudes de transparencia.
Durante enero y febrero de este año, las pérdidas no operativas de la empresa estatal por sustracción de hidrocarburos ascendieron a 3 mil 347 millones de pesos, lo que representa un aumento del 13% respecto a los 2 mil 953 millones reportados en el mismo bimestre de 2024. Esto equivale a una pérdida promedio diaria de 56.7 millones de pesos, a pesar de que el número de perforaciones a ductos bajó de 2 mil 258 a 1,627 en el periodo comparado.
La petrolera explicó que estas pérdidas no son consideradas operativas, lo que implica que se suman al balance financiero negativo que arrastra la compañía. Tan solo en el primer trimestre del año, Pemex registró una pérdida neta superior a los 43 mil millones de pesos. En su respuesta oficial, la empresa precisó que las pérdidas no operativas en un sistema de transporte por ducto consisten en la extracción de producto sin autorización, tanto del usuario como del transportista, y señaló que las cifras aún son preliminares.
El contraste entre la reducción en el número de tomas clandestinas y el aumento en el valor de las pérdidas apunta a un cambio en el comportamiento del crimen organizado. Especialistas señalan que los grupos delictivos podrían estar operando de forma más eficiente, con tomas de mayor volumen o en ubicaciones estratégicas que permiten extraer grandes cantidades de combustible en menos tiempo, reduciendo así el riesgo de ser detectados.
El problema del huachicol, lejos de haberse erradicado como se afirmaba en el sexenio anterior, sigue presente y con una operación más sofisticada. Mientras que en la administración pasada se hablaba de una reducción del 95% en el mercado ilícito de combustibles, hoy la realidad muestra otra cara. La actual administración ha reconocido el recrudecimiento del fenómeno y ha desplegado diversas acciones, como el aseguramiento de barcos tanque con combustible robado, la detección de lo que podría ser una refinería clandestina, incautaciones de camiones y carros tanque ferroviarios, así como la detención de personas presuntamente involucradas en estas redes criminales.
No obstante, el impacto del robo de combustibles va más allá de Pemex. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) estima que uno de cada tres litros de combustibles distribuidos en el país tiene origen ilegal. Esto sugiere que el producto robado no solo circula en redes paralelas, sino que también alcanza estaciones de servicio formales y centros de autoabasto empresarial, lo que refleja el grado de penetración del huachicol en la economía nacional.
Mientras Pemex sigue registrando pérdidas multimillonarias por este delito, el desafío para el Estado mexicano se mantiene: frenar no solo la extracción ilegal de hidrocarburos, sino también su comercialización a gran escala, muchas veces disfrazada de legalidad. El robo de combustible continúa siendo una actividad criminal de alto impacto que erosiona los recursos públicos, financia al crimen organizado y debilita la soberanía energética del país.
Fuente: El Universal
mb
