El Senado avaló el miércoles la Ley Antilavado, es decir, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La cual tiene como fin proteger el sistema financiero y la economía nacional. Su objetivo es prevenir y detectar actividades u operaciones que involucren dinero de origen ilegal, como el narcotráfico o la corrupción, evitando que este se "lave" y se integre al sistema económico.
No obstante, desató temores de excesos y militarización de la lucha contra el lavado de dinero, además de la preocupación por la definición de “persona políticamente expuesta”.
Al respecto, el contador Ramón Ortega, dijo que esta ley está desde el 2012, pero se modificó, pues ya tenía que actualizarse por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Esta ley ya existía, lo que se está haciendo es actualizarlo con las recomendaciones de GAFI, esa figura viene de las recomendaciones de la OCDE a México y que faltaba plasmarlo”, dijo.
Agregó que esta iniciativa trae otros factores que no estaban considerados, como el de los desarrolladores inmobiliarios.
Pablo Gutiérrez, abogado Fiscalista, dijo que uno de los temas novedosos que tiene esta ley el de “persona políticamente expuesta”, que son las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en el país o extranjeros.
“No se estaría limitando solo a la esfera política, estaría aterrizando a cualquiera que sea funcionario público y que haya ejercido funciones de derecho público”, explicó el abogado.
Pablo Gutiérrez, agregó que esta ley tiene ciertas ambigüedades, es decir que puede entenderse de varios modos, por lo que se teme que en la parte de “persona políticamente expuesta”, pueda utilizarse como un mecanismo de presión o extorsión.
“Lo que se teme es que se pueda utilizar como un mecanismo de presión o extorsión para amedrentar o para alinear a aquellos servidores públicos que no quieran seguir o que no quieran hacer los designios que se les marquen”, agregó.
El abogado dijo que esta ley beneficia al régimen político al que se pertenece en la actualidad y perjudica a quienes no tienen bien su situación fiscal.
Por su parte, Ricardo Durán, Economista, dijo que el objetivo de esta ley es la protección del sistema financiero y una economía formal.
“¿Cuál es el objetivo de esta situación? La protección al sistema financiero y a la economía de México, la economía formal, que haya una competencia justa en el sector empresarial”, puntualizó.
Agregó que los beneficios de esta ley son la reducción del costo en volver el recurso del crimen organizado en las instituciones financieras.
