Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este jueves 26 de junio el dictamen de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y reformas a la Ley General de Población.
La minuta se avaló con 20 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Se turnó al Pleno de la Cámara Alta para su discusión.
Las reformas tiene como objetivo la creación de la Plataforma Única de Identidad, que será administrada por la Agencia de Transformación Digital y permitirá el monitoreo continuo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para la detección de movimientos o registros relacionados con personas desaparecidas.
Además, permitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) dar acceso a fiscalías y comisiones de búsqueda a datos biométricos de ciudadanos.
Legisladores de la oposición acusaron que más allá de resolver las demandas establecidas por los colectivos de búsqueda, la iniciativa contribuye a fincar un sistema de vigilancia gubernamental.
Las principales críticas recayeron en la obligación de que los datos personales de la ciudadanía queden registrados a través de la CURP y estén a disposición de las autoridades a través de la modificación de la Ley General de Población.
Alejandra Barrales, integrante de Movimiento Ciudadano, advirtió que la iniciativa no toca a las comisiones nacional y estatales de búsqueda, fundamentales en los procesos, pero sí es un avance para construir un sistema de vigilancia digital masiva sin garantías adecuadas de protección de datos ni supervisión independiente, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El panista Ricardo Anaya reclamó que los integrantes de las comisiones legislativas hayan recibido el dictamen después de las 10 de la noche en la víspera, sin el tiempo necesario para un análisis de fondo.
Con la CURP, enfatizó Anaya, la Agencia Digital tendría acceso a fotografía, huellas dactilares, registros de compras en línea, geolocalización en tiempo real.
Anaya insistió en la apertura de un parlamento abierto para que la ciudadanía evalúe las implicaciones que tendrían las nuevas reformas en su privacidad. Invitó a legisladores del oficialismo a preguntarle a la población si están dispuestas a intercambiar sus datos personales a cambio de que se pueda hallar a las personas desaparecidas.
“Lo que queremos denunciar es que ustedes están lucrando, se están aprovechando del dolor de las madres buscadoras para por la puerta de atrás instaurar en México el gobierno espía”.
La senadora priista, Claudia Anaya, se sumó al llamado para darle más tiempo a un diálogo más abierto para recabar y plasmar de forma más profunda lo que colectivos y familiares de personas desaparecidas demandan.
“Tenemos que escuchar a los usuarios de la ley y no hacer lo que Dios nos dé a entender. Si nosotros no andamos en los cerros buscando a la gente, qué nos hace creer que somos los tocólogos que sabemos que esta ley es lo que las personas necesitan. Escuchemos a quienes andan con el pico y la pala entre huesos, entre sangre, entre cuerpos exhumados”.
