Con 445 votos a favor de Morena, PAN, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, y solo 37 en contra del PRI, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, introduciendo modificaciones clave al dictamen original, incluida la eliminación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca reorganizar y centralizar el sistema nacional de seguridad, aunque varios puntos han generado críticas por su posible impacto en los derechos civiles y el carácter civil de las instituciones de seguridad.
Uno de los cambios más destacados fue la eliminación del registro digital de usuarios de telefonía móvil, que estaría bajo control de la Agencia de Transformación Digital y accesible por instituciones de seguridad. Esta propuesta fue retirada ante preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de datos personales.
No obstante, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la posibilidad de acceso irrestricto y sin orden judicial a bases de datos públicas y privadas se mantiene vigente en la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que se prevé discutir y votar este mismo martes.
El dictamen aprobado originalmente establecía que “las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil”, alineadas a principios constitucionales como la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, esta redacción fue eliminada en las modificaciones presentadas al Pleno.
En su lugar, se reafirma a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad pública a nivel federal, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque con un “enfoque y formación en doctrina policial civil”. Para la oposición, esta redacción abre la puerta a una militarización de facto de la seguridad interior.
Sanciones a estados que no cooperen
Otro punto relevante de la nueva legislación es que otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública la facultad de suspender recursos federales en seguridad a los gobiernos estatales y municipales que no cumplan con los acuerdos de coordinación en esta materia.
Críticas y preocupaciones
Opositores al proyecto advirtieron sobre los riesgos de concentración de poder en manos del Ejecutivo federal, la ambigüedad entre funciones civiles y militares, y un posible retroceso en derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso.
A pesar de estas críticas, la iniciativa fue aprobada por una amplia mayoría. El debate ahora se centra en la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que podría reforzar las capacidades de vigilancia del Estado sin controles judiciales claros.
mb
