La utilización y el reclutamiento de menores por grupos del crimen organizado “es una práctica muy común y estamos muy preocupados”, afirma este miércoles a EFE la jefa de Protección de la Infancia de Unicef en México, Rocío Aznar, por lo que urge a mirar "en particular por qué los adolescentes están desapareciendo” en el país norteamericano.
Según un informe de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en Jalisco (oeste de México), estado donde se ubica el Rancho Izaguirre, presunto campo de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las personas de entre 15 y 19 años ocupan el primer lugar en desapariciones entre enero y abril de 2025, con 122 reportes, siendo la causa más probable el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
A esto se suma que “una de las principales causas de muerte en adolescentes en México es el homicidio”, explica el especialista en Protección a la Infancia de Unicef, Juan Rodríguez, lo cual también podría tener una “vinculación” con los grupos criminales que reclutan y utilizan a niños, niñas y adolescentes para cumplir roles que van desde la mensajería hasta el sicariato.
Tipificar como delito el reclutamiento de menores
Por lo tanto, expone, una de las propuestas de Unicef es la tipificación del delito del reclutamiento y utilización para “la protección de las infancias”, pero también porque “está en la línea de prevención del crimen organizado”, que ha cooptado a 30.000 menores, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Los grupos (criminales) se han aprovechado de las condiciones o las ventajas que tendría el reclutar a niños y niñas. Uno, son más económicos y, dos, las penas imputables son más bajas que las de un adulto”, detalla Rodríguez.
A la fecha, Unicef no cuenta con cifras concretas sobre esta afectación a la infancia a nivel nacional, ya que, al no haber tipificación, se dificulta el “acceso al número de víctimas de reclutamiento y utilización”.
Sin embargo, Aznar aclara que, a pesar de la falta de cifras, este problema existe y “es una de las vulneraciones de derechos más graves (...) Estos niños, niñas y adolescentes están expuestos a las peores formas de violencia, las ven, las sufren y, a veces, las ejecutan”.
En ese sentido, destaca, es necesario que “el Estado (mexicano) reaccione” y reconozca que “todo reclutamiento y utilización de una persona de menos de 18 años, que todavía está en proceso de desarrollo, es forzada”.
También, porque quien está siendo juzgado no es el reclutador, sino “el adolescente que ha cometido un delito porque lo han utilizado, se han aprovechado de su vulnerabilidad como menor (...) El foco y la responsabilidad está en la víctima”, sostiene.
Adoptar una política nacional
Además, insiste Rodríguez, “los niños y las niñas no son reclutados únicamente con el fin de cometer un delito, también son reclutados para que cumplan otros roles, de mensajería o cocineros. Esos roles también los exponen a niveles de violencia o riesgos que no necesariamente cumplen con actividades de tipo operativo como el joven sicario, el que secuestra”.
Por eso, agrega Aznar, “seguimos instando al Estado mexicano a que adopte una política más allá de un programa específico o coyuntural o temporal”, lo que sería la primera política nacional integral de prevención y de atención al reclutamiento para un país donde también hay más de 127.000 personas no localizadas desde que existe registro en la década de 1960.
La infancia y la juventud mexicana que se enfrenta a la violencia armada “merece la oportunidad de poder sanar, de reconstruir su vida y si han hecho daño de poder repararlo de una manera constructiva”, concluye.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ofrecido desarrollar “todos los esquemas necesarios” para atender a la juventud en Jalisco, luego de que el informe de la UdeG alertara sobre el reclutamiento forzado de jóvenes en ese estado mexicano.
EFE/ doh
