El Senado de la República aprobó, en lo general y particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tiene como finalidad establecer las normas relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos que lo componen.
Estos son: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito.
También avalaron la reserva de la Senadora Blanca Díaz, de Morena, que indica que, para los requisitos de magistrados, se pedirá no haber desempeñado en seis años anteriores inmediatos a su designación ningún cargo en la dirección ejecutiva a nivel nacional, estatal, distrital o municipal de ningún partido.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, al presentar los tres dictámenes de las leyes secundarias, dijo que el objetivo de las propuestas es armonizar las leyes con el decreto de reforma a la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación.
Detalló que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no es solo una norma técnica, sino el corazón administrativo que regula el funcionamiento de los órganos judiciales.
Destacó que “de ahí hay que celebrar que se sienten las bases para garantizar una impartición de justicia más eficiente, transparente y cerca a las personas y contribuye a avanzar hacia un poder judicial moderno, cercano al pueblo y a responder sus necesidades y demandas”.
También refirió que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 100 de la Constitución, se crean dos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, los cuales combatirán la corrupción, la impunidad, el nepotismo y negligencia del Poder Judicial, mediante reglas claras.
En cuanto a la Ley de Carrera Judicial, Javier Corral comentó que se ajusta a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género contemplados en la Constitución; además de que respeta los derechos humanos de las personas que actualmente trabajar en el Poder Judicial de la Federación.
Fuente: Milenio / JAC
