La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló iniciar el proceso para extinguir sus seis fideicomisos, lo que liberaría siete mil 177 millones de pesos para financiar la elección judicial de 2025 y las liquidaciones de juzgadores que dejen sus cargos.
En redes sociales, la ministra Lenia Batres informó que el Pleno de la Corte avaló el martes, en sesión privada, que la presidenta Norma Piña inicie los trámites para la extinción, ordenada por el décimo transitorio de la reforma judicial que fue publicada el 15 de septiembre pasado.
Según otras fuentes citadas por Reforma, también se confirmó la extinción de fideicomisos para pensiones complementarias de mandos medios, superiores y personal operativo; gastos médicos extraordinarios; remanentes presupuestales que datan de la década de los 90, y el Fondo Jurica para financiar proyectos de tribunales, que lleva años ocioso.
La votación fue unánime en cuanto a acatar el transitorio de la reforma constitucional, y mayoría de siete por autorizar a Norma Piña para que firme los convenios de extinción.
La extinción no afectará los pagos vitalicios de los ministros en retiro, que salen del presupuesto anual de la Corte.
El transitorio señala: "Los órganos del Poder Judicial de la Federación llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación".
Añade que los fondos se usarán para implementar la reforma judicial, por lo que el dinero puede servir para pagar la elección de 881 juzgadores federales, cuyo costo estimado por el INE es de 13 mil 200 millones de pesos.
El gobierno había indicado que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sería usado para financiar la reconstrucción de Acapulco, luego decidió enviarlo al Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), aunque ahora tiene primacía el mandato constitucional de financiar la reforma judicial.
El plazo para la extinción vence el 15 de diciembre, pero suspensiones otorgadas por jueces federales, han dificultado el proceso en lo que respecta a cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura, que al cierre de septiembre tenían saldo de casi 10 mil millones de pesos.
Nacional Financiera es la fiduciaria de casi todos los fideicomisos, es decir, es la institución que tiene la responsabilidad legal de resguardar los recursos y, por tanto, ha sido señalada como autoridad responsable, en amparo de personal judicial que busca evitar la desaparición de fondos para pensiones complementarias de jueces y magistrados, así como prestaciones médicas.
Aunque el décimo transitorio ordena que el presupuesto anual contemple fondos para este tipo de prestaciones, lo que sujeta que estén previstas en ley o condiciones generales de trabajo.
Fuente: Reforma / Foto: Archivo / JAC
