La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomará funciones de vigilancia y acceso de los datos gubernamentales, función que actualmente hace el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de carácter autónomo.
De acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea tres nuevas secretarías y convierte a la de Función Pública en Anticorrupción, esta entidad tendría entre sus facultades ejercer atribuciones de "acceso a la información pública y protección de datos personales" y establecer políticas y normativas para determinar "la información de interés público que, en materia anticorrupción y buen gobierno se deba difundir proactivamente".
La iniciativa, enviada el viernes por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, propone la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de la Secretaría de las Mujeres y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
De tal manera que el gobierno federal pasaría de 19 a 22 secretarías de Estado.
La propuesta de la Presidenta de la República plantea también convertir a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Raquel Buenrostro, en la Secretaría Anticorrupción.
Entre sus facultades se define formular y conducir la política que propicie la transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información que ésta genera por parte de particulares, así como la protección de datos personales.
La ley actual señala que estas actividades tienen que ser formuladas y conducidas por la SFP en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Actualmente, el INAI es el organismo garante del cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Los integrantes del INAI son electos por el Congreso y tiene una naturaleza autónoma del gobierno. Su obligación es garantizar que cualquier autoridad o persona física o moral que ejerza recursos públicos entregue la información pública que le sea solicitada y tutela los derechos de acceso a esa información.
Si se aprueba esta reforma, el INAI sería despojado de sus funciones y fortalecería la justificación gubernamental de desaparecerlo tal y como está contemplado en otra iniciativa legislativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, que incluye la desintegración de todos los organismos autónomos.
Fuente: Reforma / Foto: Archivo / JAC
