A 12 días de terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de reducir la incidencia de homicidios y erradicar el tráfico ilícito de dichos instrumentos.
El proyecto prevé un control más estricto sobre las armas de fuego, prohibiendo su enajenación mediante plataformas de internet, la posesión de armas de fabricación 3D, así como su envío mediante el Servicio Postal Mexicano o empresas de mensajería.
También otorga al presidente de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad exclusiva de aplicar la ley en la materia y, por tanto, tener a su cargo la expedición de permisos, licencias y manifestación de armas de fuego.
La iniciativa también propone “actualizar los tipos penales y sancionar las conductas no previstas en otros ordenamientos relacionados con el empleo de armas de fuego, y tiene como propósito reducir la incidencia de homicidios, pues 70 por ciento de muertes no naturales son provocadas por armas de fuego; asimismo, erradicar el tráfico ilícito, ya que más de 213 mil armas de fuego entran anualmente de forma ilegal a nuestro país”.
Dicha iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara baja establece la necesidad de regular los calibres .357, .22 Magnum, Hornet y TCM, por su mayor capacidad de alcance y velocidad que desarrollan al momento del disparo.
De acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2021 el delito de homicidio doloso con arma de fuego aumentó 93.96 por ciento lo que hace necesaria la actualización de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin embargo, la propuesta del presidente López Obrador plantea garantizar a personas ejidatarias, comuneras, pequeños propietarios y jornaleras del campo la portación de armas de fuego para la protección de sus bienes jurídicos tutelados y evitar sean consignados por las autoridades.
Además, prevé como requisito indispensable para los deportistas de tiro y cacería que justifiquen la posesión y transportación del arma de fuego desde su domicilio hasta los campos de tiro o cotos de caza debidamente acreditados ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Asimismo, propone que integrantes de empresas públicas paraestatales y órganos autónomos como la CFE, Pemex, Banco de México, la Casa de Moneda, el SAT y personas físicas o morales (empresas de seguridad privada) puedan portar armas de fuego para el desarrollo de funciones de seguridad emitidas por la Defensa Nacional.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictamen, a la espera de integración de los grupos de trabajo.
Fuente: Milenio / Foto: Archivo / JAC
