Jueces y magistrados federales solicitaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la implementación de medidas cautelares para suspender la reforma judicial o su ejecución.
Son 820 jueces y magistrados federales los que presentaron el escrito ante ambas instancias internacionales al considerar que en México ya están agotados todos los recursos legales posibles para frenar la reforma judicial y sus consecuencias.
Los juzgadores advirtieron: “En los últimos días se ha acelerado el embate contra el Poder Judicial, al grado de que por privarlo de su independencia prácticamente lo desaparecerán. Esta es una ruptura del orden democrático que se traduce en un golpe de Estado”.
En el documento, los jueces recordaron que el pasado 26 de agosto solicitaron intervención de ambas instancias internacionales pero que desde esa fecha a la actualidad han cambiado las circunstancias que hacen urgente su intervención.
Señalan que “la iniciativa de reforma al Poder Judicial fue presentada por el actual Presidente de la República y los tiempos políticos de esta reforma están deliberadamente calculados para que sea consolidada en breve, esto es, antes del 1 de octubre de 2024. Así, la urgencia de las medidas cautelares debe ser analizada de cara a esta fecha, de manera que, a medida que avanza el tiempo el proceso legislativo se acerca más a su fin y con éste la inminencia del dañoo se asegura”.
Agregan que “naturalmente no será lo mismo solicitar al Estado mexicano, en vía precautoria, que suspenda un proceso legislativo de reforma constitucional para garantizar la convencionalidad de su contenido, que solicitarle, luego de aprobada la reforma, que inaplique múltiples normas de su Constitución por ser violatorias de los estándares internacionales”.
También indicaron que a raíz de las concesiones de suspensiones de amparo para frenar el proceso de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, los integrantes de la bancada de Morena hicieron caso omiso y públicamente el coordinador de la misma, Ricardo Monreal, “juzgó a los jueces”.
“Sosteniendo la inadmisibilidad de dichas suspensiones y pregonando que en México no existe ningún recurso disponible que se pueda agotar para combatir una reforma constitucional, pero además como represalia por dichas órdenes judiciales los líderes de la bancada oficialista anunciaron que denunciarían penalmente a dichos jueces”, acusaron los juzgadores.
Asimismo, reiteraron los daños irreparables de las consecuencias de una reforma judicial como la que actualmente se encuentra pendiente de discusión en el Senado de la República y que ya fue avalada en la Cámara de Diputados a menos de una semana de haber iniciado la legislatura.
“Como los propios líderes políticos de la coalición en el poder han resaltado y presumido (al amenazar con meter a la cárcel a los juzgadores federales que han intentado frenar la reforma judicial) las reformas constitucionales en México no son susceptibles de ningún control jurídico, de manera que estamos ante la inexistencia de recursos adecuados y efectivos que permitieran la reparación integral de las violaciones que llegaren a ocurrir”.
Apuntan que “este, sin duda, es un caso evidente de riesgo de irreparabilidad de las violaciones que se pretenderían evitar con las medidas cautelares y muy especialmente las violaciones contra la independencia judicial en su dimensión institucional”.
Fuente: Proceso / Foto: Archivo / JAC
