Durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó una veintena de contratos a compañías entre las que destacan la empresa Hollond Solutions Textile, con sede en Panamá y que obtuvo contratos para fabricar la ropa de la nueva Guardia Nacional así como para la adquisición de chalecos antibalas.
De acuerdo con publicación de la revista Proceso, la empresa Hollond fue montada en México el 10 de enero de 2019 por la fima Agorta, una off-shore creada en Panamá, ganando su primer contrato en junio, y luego siguió otro en octubre y uno más en noviembre, para surtir telas y entretelas así como de chalecos antibalas, por un valor total de casi 8.5 millones de pesos, según acta constitutiva 99007 registrada en la Notaría 227, radicada en Tlalpan, consigna que Hollond tiene como accionista principal a Agorta S.A., con 99 por ciento de la participación.
Destaca que Quinto Elemento Lab obtuvo una copia del acta constitutiva de Agorta S.A. (N° 14513, del 14 de agosto de 2012), y descubrió que fue formada por accionistas que, según directorios financieros de Panamá, están asociados a miles de corporativos, de acuerdo con datos del Registro Público panameño.
Señala que los fundadores de Agorta fueron Luis Alberto Rodríguez, quien figura en los consejos de administración de más de 14 mil empresas; Hermes Oriel Vargas, socio en más de mil 200 compañías; y Bárbara de Rodríguez, perteneciente a casi seis mil corporativos, y que el método se asemeja a un esquema típico en paraísos fiscales, donde despachos especializados prestan sus propios directorios para figurar como consejeros de empresas que ocultan a sus verdaderos propietarios.
Destaca que Luis Alberto Rodríguez representaba a Arias, Fábrega y Fábrega (ARIFA), uno los despachos panameños especializados en el montaje de corporativos de papel, y el nombre de Rodríguez salió a relucir en 2016 en el escándalo de los “Panama Papers”, la cual a través de otra compañía recibía transferencias por contratos del gobierno de Valencia, España, y pertenecía en realidad a un magnate ibérico del sector de servicios clínicos llamado Vicente Saus, el patrón de las resonancias en Valencia usa testaferros para una ‘offshore’ en Panamá.
Fuente: Proceso/Foto: archivo
