El internacionalista José Joel Peña advirtió que las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro deben leerse, por ahora, más como un uso de la retórica política que como el anuncio inmediato de una intervención militar directa en Venezuela. No obstante, subrayó que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es inusual y preocupante para toda la región.
En entrevista para XEU, Peña explicó que desde agosto de este año Washington ha impulsado una operación militar de gran escala en el Caribe, denominada “Lanza del Sur – Outer Sphere”, presentada oficialmente como una campaña contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Sin embargo, señaló que existen indicios crecientes de que el verdadero objetivo estratégico es la coerción política sobre el régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el especialista, la magnitud del dispositivo resulta reveladora: más de 10 mil efectivos estadounidenses desplegados, acompañados de una sofisticada arquitectura aeronaval que incluye destructores, buques anfibios, submarinos de ataque, aeronaves, helicópteros de combate, drones de vigilancia y, de manera simbólica, el portaaviones Gerald R. Ford, además de capacidades de ataque de largo alcance mediante misiles de crucero.
Ante las declaraciones de Trump, quien aseguró que actuaría “en cualquier parte donde salga droga”, Peña consideró que el discurso responde a intereses internos de la política estadounidense. Recordó que el mandatario enfrenta bajos niveles de aprobación, y que los temas que aún le generan respaldo son la lucha contra el narcotráfico y el control de la migración irregular. En ese contexto, el marco de la “guerra contra las drogas” le permite legitimar un curso de acción más agresivo en el plano discursivo.
No obstante, el internacionalista alertó que las operaciones recientes ya evidencian una ampliación de objetivos, incluyendo ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, lo que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las acciones, el debido proceso y su compatibilidad con el derecho internacional, especialmente cuando se describen como ofensivas y no meramente de interdicción.
Peña también destacó que la presión estadounidense no se limita al ámbito militar. En el plano económico, se ha intensificado la incautación de buques tanqueros y petroleros vinculados a la evasión de sanciones, configurando lo que describió como un bloqueo de facto, con efectos directos sobre la capacidad financiera del Estado venezolano y graves consecuencias para la población civil.
Finalmente, señaló que el despliegue militar debe entenderse como el componente más visible de una estrategia de coerción integral, que combina herramientas militares, económicas, diplomáticas y psicológicas, orientadas a elevar el costo de supervivencia del régimen de Maduro. Sin embargo, advirtió que esta estrategia conlleva riesgos jurídicos, desgaste reputacional para Estados Unidos y mayores probabilidades de una escalada en un escenario altamente militarizado.
Sobre la posibilidad de una salida del poder de Nicolás Maduro, Peña indicó que esta dependerá de si la presión escala hacia una intervención directa, escenario en el que —según versiones— el propio mandatario venezolano habría buscado garantías para él y su familia en países aliados. Aun así, recordó que experiencias previas en países como Libia, Siria, Irak o Afganistán muestran que este tipo de procesos suelen responder más a intereses geopolíticos que a soluciones estables para las poblaciones afectadas.
