La escalada del conflicto en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico esta semana tras una masiva ofensiva terrestre del Ejército israelí en la ciudad de Gaza, en paralelo con la publicación de un informe contundente por parte de la Comisión Independiente Internacional de Investigación de la ONU, que acusa a Israel de haber cometido actos de genocidio contra la población palestina desde octubre de 2023.
En entrevista para XEU, el internacionalista José Joel Peña advirtió que la simultaneidad entre la acción militar y la publicación del informe “no solo identifica la violencia sobre el terreno, sino que eleva el costo político y jurídico del conflicto”, al destacar la responsabilidad internacional del Estado de Israel y la necesidad urgente de proteger a la población civil.
Según el informe de la ONU —creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2021—, Israel ha incurrido en al menos cuatro de los cinco actos tipificados como genocidio en la Convención respectiva. Entre ellos, se identifican la matanza de miembros del grupo palestino, daños corporales y mentales graves, la imposición de condiciones de vida destinadas a su destrucción física, y medidas para impedir nacimientos dentro del grupo.
Peña subrayó que el documento vincula estos hechos con un patrón de declaraciones deshumanizantes por parte de altos funcionarios israelíes y la persistencia de las operaciones militares a pesar de múltiples advertencias internacionales. “La Corte Penal Internacional ya ha emitido órdenes de arresto contra figuras clave del gobierno israelí, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu”, recordó el experto.
Las reacciones internacionales han sido contrastantes. Mientras organizaciones como Amnistía Internacional respaldaron las conclusiones del informe, Israel y su principal aliado, Estados Unidos, lo rechazaron enérgicamente, calificándolo de parcial y descontextualizado respecto al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1,200 muertos en territorio israelí.
En este contexto, Israel sostiene que su actuación en Gaza busca “combatir a grupos terroristas” y rescatar a rehenes aún en manos de Hamás —estimados en cerca de un centenar—, argumentando el uso de escudos humanos por parte del grupo islamista.
No obstante, varios países europeos —incluyendo a España, Francia y el Reino Unido— han comenzado a discutir posibles sanciones diplomáticas o comerciales contra Israel, e incluso el reconocimiento oficial del Estado Palestino, alineándose con las más de 140 naciones que ya lo han hecho.
“La Unión Europea estudia congelar ciertas cláusulas de acuerdos de libre comercio con Israel, como una forma de responder a la gravedad de los hechos y su incompatibilidad con los principios democráticos europeos”, explicó Peña.
Los datos más recientes —hasta el 31 de julio de 2025— indican un saldo devastador: más de 60,000 palestinos muertos, entre ellos 18,000 menores de edad y casi 10,000 mujeres. A esto se suman más de 150,000 personas heridas, el colapso del sistema de salud, la destrucción del 60% de las infraestructuras civiles y un desplazamiento forzoso de millones.
“Estas cifras no solo hablan de una respuesta desproporcionada, sino de una situación de destrucción sistemática de la vida civil en Gaza”, advierte Peña. “Incluso si mañana cesaran los ataques, la recuperación del Estado palestino tomaría muchos meses, o incluso años”.
El conflicto se ha estancado en una lógica de contradicciones. Por un lado, Israel mantiene su narrativa de autodefensa y liberación de rehenes, mientras que, por el otro, el derecho internacional exige la protección reforzada de la población civil y la prohibición de ataques indiscriminados.
“La ofensiva israelí, aun cuando parte de un ataque inicial calificado como crimen de guerra por parte de Hamás, ha provocado un desequilibrio masivo en las víctimas civiles, generando un daño que multiplica la gravedad del conflicto y colapsa la infraestructura humanitaria”, señaló el analista.
Además, el conflicto amenaza con desbordarse regionalmente debido a la creciente tensión con Hezbolá en el Líbano y los intercambios retóricos y militares con Irán. “Esto podría tener consecuencias catastróficas en términos geopolíticos y humanitarios”, advierte Peña.
El experto también explicó que la posibilidad de liberar a los rehenes en poder de Hamás se complica cada vez más, ya que no existe una coordinación clara entre este grupo armado y la Autoridad Nacional Palestina, que ha perdido buena parte de su capacidad operativa y legitimidad interna.
“Israel insiste en que no puede negociar con quienes no reconocen su existencia, mientras que Hamás actúa fuera del marco legal internacional. Esto obstaculiza cualquier posibilidad de tregua real y mantiene a la población civil como rehén de un conflicto prolongado y asimétrico”, concluyó.
