Un grave error administrativo cometido por un contador gubernamental ha derivado en un complejo proceso judicial contra una familia en la provincia de San Luis. Argentina. Verónica Acosta, de 34 años, recibió en su cuenta bancaria una transferencia de más de 500 millones de pesos argentinos, fondos públicos que, según reconocieron las autoridades, fueron depositados por equivocación.
La mujer, madre de familia, asegura que esperaba el depósito de una pensión alimentaria por parte de su expareja y pensó que se trataba de una suma de 500 mil pesos. Con esa idea en mente, comenzó a distribuir parte del dinero entre familiares y realizó una serie de compras para atender lo que calificó como “necesidades urgentes”, incluyendo alimentos, electrodomésticos, materiales de construcción y un vehículo.
“Yo no sabía que era dinero del gobierno. Pensé que era plata de mi pareja. En ningún momento actuamos con mala fe”, declaró Verónica en una entrevista con medios locales.
Sin embargo, el caso escaló rápidamente cuando las autoridades detectaron el error contable y comenzaron a rastrear los movimientos de los fondos.
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El contador responsable del fallo administrativo reportó el error, pero hasta ahora no enfrenta ninguna imputación penal. Por el contrario, Verónica y cinco miembros de su familia han sido acusados formalmente de estafa y enfrentan un proceso judicial. La jueza de Garantía a cargo del caso dictaminó que deberán depositar 30 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles si desean conservar su libertad.
El Gobierno de San Luis informó que ya logró recuperar más del 90% de los fondos mal transferidos. Parte del dinero fue bloqueado a tiempo, otra fracción fue devuelta de forma voluntaria y el resto está siendo rastreado en plataformas de billeteras virtuales, gracias a que todo el movimiento financiero se realizó de forma digital, lo que permite su trazabilidad.
La situación ha generado controversia en la opinión pública local. Algunos vecinos han salido en defensa de la familia, señalando que no actuaron con dolo y que están siendo tratados como delincuentes por una equivocación del Estado. “No somos ladrones. Nos quieren meter presos por algo que no fue nuestra culpa. El error fue de ellos”, afirmó la acusada.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa y el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a errores institucionales y la carga que estos pueden generar sobre ciudadanos en situación vulnerable.
Fuente: El Heraldo
mb
