La Secretaría de Gobierno de Veracruz ya presentó una denuncia contra un trabajador por uso indebido de sellos oficiales y tiene identificado a un grupo que intenta apropiarse de 500 hectáreas en la zona de Perote, hechos que se investigan dentro del contexto de la operación del llamado cártel inmobiliario que ha sido señalado por presuntos fraudes y despojos, principalmente en Xalapa.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que desde esta semana iniciaron revisiones uno a uno a las notarías del estado, en coordinación con el Colegio de Notarios, como parte de una estrategia para frenar actos indebidos relacionados con trámites registrales y notariales.
“Hoy mismo se está haciendo. A partir del lunes las revisiones son a las notarías. Han colaborado los notarios y todas las personas que tengan algo que denunciar que lo puedan transmitir a nosotros para que actuemos de inmediato”.
Indicó que al asumir funciones la dependencia retiró una notaría que se encontraba abandonada y que de detectarse nuevas irregularidades se aplicarán los procedimientos correspondientes, que pueden derivar en suspensión.
“Nosotros retiramos cuando llegamos una ya abandonada, ya la recogimos. El caso, ya en el caso que así sea, se suspende, se le hace el procedimiento y se tiene que hacer”.
Ahued Bardahuil señaló que no se puede generalizar ni contra el gremio notarial ni contra el Poder Judicial, pero reconoció que existe una red de personas que se aprovechan de vacíos o debilidades institucionales para cometer fraudes, en especial contra personas adultas mayores.
“Es un contubernio de defraudadores que aprovechan todo el contexto para que estén haciendo de alguna manera actos que son indebidos”. Yo no voy a hablar mal de los notarios porque no puedo generalizar, pero sí es una red que tenemos que tener en cuenta, y no nada más son Poder Judicial, abogadas y abogados o pseudo abogados que desde afuera aprovechan de la gente de la tercera edad”.
Como parte de estas acciones, confirmó que ya fue presentada una denuncia contra un trabajador, al detectarse el uso indebido de sellos oficiales, y advirtió que no habrá tolerancia a conductas irregulares dentro del propio gobierno.
“Ya presentamos una denuncia con un trabajador por tener sellos indebidos y estamos trabajando aquí, no vamos a tolerar eso. Nosotros también tenemos personal denunciado porque no toleramos absolutamente nada en este gobierno”.
En paralelo, el funcionario reveló que se tiene ubicado un intento de apropiación irregular de una amplia superficie en Perote, caso que ya forma parte de procesos legales en curso.
“Hay por ahí también que se quieren quedar con 500 hectáreas de la zona de Perote, pues bueno ya es un colmo, no mañana el parque Juárez lo van a querer escriturar. Hay un proceso legal, no vamos a decirlo, pero ya hacemos denuncias”.
El secretario explicó que el Registro Público de la Propiedad, que genera más de 300 millones de pesos de ingresos al año, es uno de los puntos clave para reforzar controles, por lo que se revisa también la figura de los llamados “meritorios”, más de 180 personas que desde hace años apoyan en oficinas para agilizar trámites.
“Estamos evaluando el costo para que tengamos en su caso prestaciones y personal que controlemos para que hagan trámites de copias de servicios y de atención a los archivos”.
Además, informó que se prohibió a notarías validar contratos privados que pudieran facilitar despojos, especialmente en casos donde se usan documentos antiguos o de personas fallecidas.
“Se les prohibieron los famosos contratos privados. Implica que de repente tú llegas y hay un contrato privado por tu casa y no te diste cuenta… eso se acabó”.
Señaló que se reforzó la coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública para revisar desalojos ordenados por jueces y detectar posibles anomalías antes de ejecutarlos.
“Hemos instruido que cualquier desalojo que algún juez determine, lo vamos a revisar primero para revisar si hay alguna anomalía, atenderlo antes”.
Estos hechos se dan en medio de señalamientos sobre una presunta red de abogados, operadores y funcionarios vinculados a juicios y trámites irregulares en materia inmobiliaria en Xalapa, conocida públicamente como el cártel inmobiliario, cuyos casos han derivado en investigaciones y denuncias en curso.
AVC