A cinco años de los homicidios de Carlos Navarro Landa, Gustavo Ortiz Hernández y Gerson Hazael Castro Castellanos, presuntamente cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sus familias siguen sin justicia. No hay personas procesadas ni avances en las investigaciones por los hechos ocurridos en 2020.
Este jueves, los familiares de los tres jóvenes se manifestaron nuevamente, esta vez frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre la avenida Arco Sur de Xalapa, para exigir una reunión con su titular, Verónica Hernández Giadáns, y respuestas concretas.
“Cinco años y seguimos sin justicia”, expresaron entre pancartas y fotografías de sus hijos, recordando que cada aniversario es un recordatorio de impunidad.
“Después de cinco años no hay responsables”
Diego Armando Castro López, padre de Gerson Hazael, lamentó que pese al tiempo transcurrido, las autoridades no han determinado responsables ni ofrecido reparación del daño.
“Después de cinco años no hay responsables en el caso de mi hijo. Derechos Humanos también se lavó las manos, y la Fiscalía dice que sigue investigando, pero no hay nada concreto”, señaló.
Recordó que su hijo, de 25 años, fue detenido en diciembre de 2020 tras salir de su trabajo y apareció con graves lesiones en una calle de la colonia Tabasco.
“Mi hijo dejó un audio como testimonio de lo que le hicieron, pero la Fiscalía dice que ese audio no compete. Si no tienes poder ni dinero, tu verdad jamás será escuchada”, lamentó.
El padre agregó que las instituciones se han deslindado de su responsabilidad en la reparación del daño.
“Llevamos cinco años luchando y todo mundo se echa la bolita. El gobierno dice que no tiene dinero, la Comisión se lava las manos diciendo que ya hay otra administración y que se pagará hasta el próximo año”, denunció.
Piden audiencia con la gobernadora Rocío Nahle
Castro López indicó que han solicitado sin éxito una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García.
“Pedimos que nos escuche, que vea nuestra realidad. No queremos que se repita lo del pasado, cuando las autoridades solo se lavaron las manos”, insistió.
Las familias aseguraron que su exigencia es clara: atención, justicia y reparación integral.
Las familias de las víctimas recordaron que los tres casos dejaron nueve hijos en orfandad, y que siguen esperando el reconocimiento de la responsabilidad estatal.
“Nuestros hijos descansan en paz, pero nosotros seguimos sufriendo. Solo pedimos un poco de justicia y reparación del daño”, expresó el padre de Gerson.
Anunciaron que mantendrán sus protestas durante noviembre y diciembre, y que acudirán ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de respuesta de las autoridades locales.
Carlos Andrés Navarro Landa, de 33 años, fue detenido el 2 de mayo de 2020 presuntamente por faltas administrativas. Testigos y videos mostraron cómo fue perseguido y sometido por policías estatales en la unidad habitacional Agua Santa II, en Xalapa.
Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), fue golpeado durante su traslado y murió dentro del cuartel de San José. Era padre de tres hijos y sostenía a su madre.
Gustavo Ortiz Hernández, de 35 años, fue arrestado el 24 de octubre de ese mismo año en la comunidad de El Rosario, municipio de Banderilla. Horas después de su detención también perdió la vida dentro del cuartel de San José.
Su madre, Julia Hernández Díaz, denunció que fue brutalmente golpeado y que las lesiones visibles en su cuerpo fueron ignoradas por las autoridades.
Gerson Hazael Castro Castellanos, de 25 años, trabajaba en una plaza comercial y fue interceptado por policías la madrugada del 11 de diciembre de 2020, tras salir de su jornada laboral.
Durante su detención alcanzó a enviar un mensaje de voz a un amigo:
“Los oficiales me vienen golpeando, ayúdame. Búscame en el cuartel de San José o donde sea”.
Horas después fue hallado con graves lesiones en la colonia Tabasco, al sur de Xalapa. Su padre ha mostrado públicamente fotografías que evidencian los golpes y suturas en su rostro como prueba de la violencia que sufrió.
Cinco años de lucha sin justicia
Desde entonces, las familias han marchado en Xalapa y otras ciudades, denunciando que los policías implicados siguen libres y que los casos permanecen estancados, pese a las promesas de justicia.
